El Gobierno rectifica y gravará los despidos a partir de 180.000 euros

Socarrón, como acostumbra, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba el viernes pasado a los periodistas que la mayor novedad de la reforma fiscal que el Gobierno aprobará este viernes se conocería «a comienzos de semana».  Lo prometido es deuda. Desde Sevilla, ayer, el primer día de la semana, anunció que la indemnización por despido estará exenta de tributar hasta los 180.000 euros. El nuevo límite coincide con el regulado por despido en la Comunidad Foral de Navarra y, desde enero de este año, la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Se trata de una rectificación en toda regla tras haber anunciado que la exención sería hasta los 2.000 euros por año trabajado. Se produce además en la víspera de la reunión de hoy a la que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy convocó a los sindicatos y las patronales. Aunque, según el ministro, esta decisión se ha tomado «tras haber dialogado con los agentes sociales», estos tienen una visión diferente. Los patronos tenían poco interés en la materia al considerar que complicaba innecesariamente las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo al irrumpir la Agencia Tributaria en las mesas como una tercera parte que esperaba cobrar su parte.

LOS SINDICATOS ESPERAN / Los sindicatos mostraron ayer su perplejidad con el anuncio de Montoro, del que esperaban que entregara una propuesta por escrito en los últimos días, y confían en que Rajoy lo haga oficial en la reunión que se celebrará hoy. Aunque la decisión del Gobierno no es la que pedían los sindicatos, ven con buenos ojos elevar el tope a los 180.000 euros.

En encuentros mantenidos con anterioridad con el ministro de Hacienda y la titular de Empleo, Fátima Báñez, ya había mostrado su rechazo frontal a la medida y reclamaron que se diera marcha atrás para restablecer la regulación que había hasta ahora, que exime de pagar IRPF a las indemnizaciones cobradas por empleados víctimas de despidos objetivos hasta la cantidad equivalente a la extinción improcedente, hasta los 45 días hasta la reforma laboral y 33 días desde el 2012.

En todo caso, el cambio de criterio supondrá dejar sin tributar el 99,9% de las indemnizaciones por despido. Además, con el cambio con respecto a la previsión inicial se eliminarán «debates innecesarios» y unos y otros podrán dedicarse «a resolver lo que realmente importa a los ciudadanos», según dijo ayer Montoro.

El plan inicial, que algunas fuentes atribuyen a una propuesta del ministerio de Empleo, situaba la exención en los 2.000 euros por año trabajado, que equivalía a un salario de unos 20.000 euros anuales. Con esa medida quedaban exentas el 79% de las indemnizaciones por cese de contrato, según el fisco.

LUCHA CONTRA LA PICARESCA / El objetivo declarado por el Ejecutivo era perseguir los casos de picaresca de empresas y trabajadores que hacían pasar bajas incentivadas voluntarias como despidos por causas objetivos con el fin de que la indemnización estuviera exenta fiscalmente.

Con la normativa actual en la mano, la inspección de Trabajo y Hacienda ya pueden perseguir esa picaresca que se pretende erradicar y de hecho el Ejecutivo había dado instrucciones en ese sentido en los últimos meses.

El Gobierno calcula que elevar los mínimos exentos o los impuestos negativos sobre la renta (IRPF) son medidas de la reforma fiscal que supondrán una rebaja media del 12,5% en este impuesto a partir de enero de 2015. El tipo máximo del IRPF bajará del 52% actual al 47% a partir de enero, con una tarifa de cinco tramos en lugar de ocho.

A su vez también se mejorará en el proyecto de ley de la reforma fiscal el aprovechamiento de la reserva de capitalización en el impuesto de sociedades para empresas e instrumentos similares para las pymes, dijo Montoro. El límite a la compensación de las bases imponibles negativas se calculará sobre la situación antes de aplicar la nueva reserva.