El Gobierno ha dado más facilidades para el despido de los empleados públicos, especialmente los que no son funcionarios, al rebajar del 10% al 5% la cuantía de la reducción anual de las trasferencias a un ente u organismo de las distintas administraciones como motivo para justificar un expediente de regulación de empleo (ERE). Así figura en el reglamento publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor mañana.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no informó de este aspecto el pasado viernes tras el debate del reglamento en el Consejo de Ministros.

La federación de servicios públicos de UGT ha denunciado además que el reglamento considera casi inmediata la aprobación del ERE sin que haya tiempo para la negociación. Para UGT, existe un "ensañamiento" del Gobierno con el personal laboral del sector público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo como los expedientes de regulación de empleo temporales o la reducción de jornada.

El reglamento señala que para presentar un expediente de despido colectivo por causas económicas, los entes, organismos y entidades públicas deberá haber tenido una minoración del crédito presupuestario del 5% en el ejercicio presente o del 7% en los dos ejercicios anteriores. Se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.

El reglamento señala que se entenderán por causas económicas como motivo de despido en el sector público una insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

Al igual que en el sector privado, en las administraciones y empresas públicas que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.