En el último día de plazo dado por la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de reforma financiera exigido por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para prestar a España hasta 100.000 millones con los que limpiar el sector financiero español de todo rastro de la burbuja inmobiliaria. El dinero de la tercera reforma financiera que aprueba el Gobierno, la más expeditiva de todas, llegará de Europa pero los contribuyentes españoles serán los responsables últimos de que ese dinero se devuelva con intereses.

Luis de Guindos, ayer, en la ruedade prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE / EMILIO NARANJO

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Información publicada en la página 2 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 01 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«El objetivo es que la reforma no cueste ni un euro a los contribuyentes», afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que el decreto no incluye ninguna garantía absoluta de que ello vaya a ser así. La clave, según explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, está en el precio al que el llamado banco malo comprará los activos tóxicos (suelo y viviendas, sobre todo) a las entidades con problemas y a qué precio logrará venderlos después, en un plazo de hasta 15 años en el que, tarde o temprano, la economía repuntará. Además, los ahorradores pagarán otra parte de la limpieza de los bancos a través de las pérdidas que asumirán los titulares de preferentes.

EDICIÓN ESPECIAL DEL BOE / Tanto apuró el plazo el Gobierno para aprobar el decreto impuesto por la troika, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) se vio obligado a lanzar una edición extraordinaria ayer por la tarde para publicar el decreto dentro del plazo fijado, final de agosto.

Lo normal es que los decretos se publiquen, como muy pronto, el día después de su aprobación en el Consejo de Ministros; pero en este caso, llevar la fecha del 1 de septiembre podría haber sido considerado un primer incumplimiento de las condiciones por parte de algún socio europeo con ganas de poner palos en las ruedas del rescate español.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Oli Rehn, elogió ayer el decreto aprobado por el Gobierno que incluye mecanismos contundentes para sanear el sistema financiero (intervención temprana, reestructuración y liquidación), así como la creación del banco malo (donde los bancos podrán aparcar sus activos tóxicos) y el principio de que los inversores asuman parte de los costes derivados de la reestructuración.

Ayer mismo, en una actuación imprevista, el fondo de rescate financiero español (FROB) anunció una inyección urgente de capital en Bankia, para facilitar su actividad.

DESTINO DEL DINERO / Con el dinero que llegará de Europa se podrán recapitalizar las entidades que precisen ayuda pública; pero también se podrá ayudar a quienes compren los bancos que va a subastar el Estado (en principio, CatalunyaCaixa, Nova Galicia y Banco de Valencia).

Además, habrá dinero público para que el banco malo pueda comprar a los bancos que hayan recibido ayuda públicas sus activos tóxicos. El banco malo tendrá hasta 15 años para sacar a la venta todos estos activos e intentar recuperar el dinero invertido y, si es posible, ganar.

Este objetivo, sin embargo, no está garantizado. De ahí los recelos que ayer expresaron representantes de la oposición política (PSOE e IU), de los sindicatos (CCOO y UGT) e incluso algún experto. El profesor de Esade Jordi Fabregat advirtió de que si el precio que paga el banco malo por los activos es muy alto «acabará pagando la sociedad». «El PSOE no estará nunca a favor de una solución de banco malo que socialice las pérdidas de la burbuja inmobiliaria», dijo la secretaria socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

PREFERENTES, EN OCTUBRE /Aproximadamente a mediados de octubre, la Comisión Europea aprobará los planes de reestructuración de las entidades nacionalizadas por el Estado español y entonces se conocerá cuál será la pérdida de sus ahorros que deberán asumir los titulares de participaciones preferentes. Guindos admitió que algunas de las fórmulas posibles permitirán a estos ahorradores recuperar el dinero invertido en su día (no los intereses) aunque ello exigiría un plazo largo de tiempo.