INFRAESTRUCTURAS
El Gobierno aprueba el convenio para asumir las autopistas quebradas
Los fondos propietarios afirman que la reversión de las vías al Estado llega muy tarde
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un convenio de gestión directa para que el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, pueda hacerse cargo de las autopistas de peaje en quiebra una vez que el juez establezca su reversión al Estado. En la actualidad hay ocho concesiones de autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores.
El convenio de gestión directa atribuye a Seittsa la explotación de todas las infraestructuras que están incluidas en los ocho contratos de concesión que se van a liquidar, así como la preparación de la licitación de los nuevos contratos para la gestión de estas vías. Seittsa se encargará de la explotación conservación yl mantenimiento de las infraestructuras desde que los juzgados aprueben los planes de liquidación de estas concesiones. Además, va a elaborar todos los estudios, informes y pliegos que sean necesarios para el proceso de licitación de el/los nuevos contratos de gestión de servicio público.
La empresa pública estará obligada por el convenio a explotar, conservar y mantener las autopistas con las mismas exigencias que tiene hoy los contratos de concesión.
Los fondos internacionales propietarios de la deuda de autopistas en quiebra han manifestado que siguen abiertos a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y minimizar los costes para el Estado. Han reiterado en un comunicado su disposición negociadora después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el convenio que permitirá a Seittsa, empresa de titularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018.
Los fondos afirman dar la bienvenida a la reversión de las autopistas al Estado, aunque consideran que "llega demasiado tarde" y creen que este retraso pone en duda la seguridad jurídica en España.
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