La Generalitat volverá a construir vivienda social

La Generalitat reactivará la construcción de vivienda pública para alquiler social con cuatro promociones que suman 98 pisos en El Masnou, Rubí (Barcelona) y los barrios barceloneses del Carmel y el Polvorí. Así lo han explicado este lunes los 'conseller's de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, y de Governación, Meritxell Borràs, que han indicado que desde el 2004 no se construía vivienda pública a causa de la crisis, si bien la Generalitat, que cuenta con un parque de 14.500 pisos de alquiler, ha mantenido el programa de remodelación de barrios.

Estas promociones supondrán una inversión de 6,6 millones de euros por parte del Institut Català del Sòl (Incasòl), y se prevé que el concurso y los proyectos se formalicen este 2017 con el objetivo de que las obras se liciten en 2018 y los pisos se puedan entregar en 2019.

La promoción de El Masnou cuenta con 36 viviendas en la avenida Joan XIII, la de Rubí son 26 pisos en la calle de Marconi, en el barrio del Carmel se construirán 20 viviendas y en el Polvorí otras 16. Se convocarán tres concursos simultáneamente para la contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección de la obra de las promociones de Rubí y Barcelona, ya que la de El Masnou ya cuenta con proyecto.

"Ahora empezamos con estas promociones, pero el objetivo es garantizar una velocidad de crucero de una inversión sostenida de un mínimo de 10 millones de euros en vivienda pública anuales", ha dicho Rull, y se hará incorporando la nueva Ley de Arquitectura, que se prevé aprobar antes de verano.

TRANSFERENCIA DEL INCASÒL

Por su parte, Borràs ha anunciado que el Incasòl transferirá a la Agencia de la Vivienda de Catalunya 13 millones de euros con el objetivo de que, junto con los 18,5 millones que se recaudaron en el 2016 con el impuesto sobre pisos vacíos --que deben liquidarlo las entidades financieras y filiales inmobiliarias que tengan viviendas vacías durante más de dos años sin una causa justificada--, se puedan comprar más de 500 pisos a entidades financieras.

La adquisición se hará a través del derecho de tanteo y retracto, un sistema de compra posible tras la legislación que impulsó el Govern en el 2015 y que desde entonces ha permitido la adquisición de 601 viviendas con un gasto de 33 millones. En el 2015 se adquirieron 184 pisos, el año pasado se compraron 276 y en los primeros meses de este 2017 se han adquirido un total de 141--.

En concreto, este año se comprarán 350 pisos en municipios con alta demanda acreditada de vivienda social con los 18,5 millones del impuesto, y con los 13 millones procedentes del Incasòl se prevén comprar entre 225 y 250 pisos más, con lo que a finales del año la Generalitat habrá adquirido desde 2015 más de mil viviendas para alquiler social a entidades financieras, evitando así la especulación.

"La crisis nos ha dejado dos elementos contradictorios: muchos pisos vacíos y muchas personas que han perdido su casa o personas con dificultad de mantenerse en ella. Es una situación desequilibrada y el Govern debe tomar cartas en el asunto", ha asegurado Borràs.