La Generalitat pretendía limitar el poder de los directivos de las cajas con la ley del 2006

La norma era tímida. Lo digo yo que la escribí, pero era una figura [la del director general de las cajas] que se tenía que limitar. Podíamos haber ido con más velocidad, pero con menos consenso". Miquel Salazar, exdirector general de Política Financiera de la Generalitat con el tripartito, ha reconocido hoy que la ley de cajas del 2006 que aprobó el Parlament de Catalunya se saco adelante con el objetivo de limitar el poder de los directores generales de las cajas de ahorros catalanas. Salazar ha reconocido que el intento fue tímido, pero que esa circunstacia se debió al pacto tácito entre los partidos políticos catalanes de que se necesita el máximo consenso para modificar la legislación.

Salazar ha comparecido a la vez que Ferran Sicart y Jordi Pericàs, exdirector, el primero, y exsecretario general, el segundo, de Política Financiera durante los distintos gobiernos del tripartito, en la comisión parlamentaria que investiga la actuación y responsabilidades de las entidades financieras durante la crisis económica. Los hombres de confianza de Antoni Castells, ‘exconceller’ d’Economia, que también comparecerá hoy ante la comisión, han intentado delimitar la responsabilidad del Govern catalán en las cajas de ahorros.

En este sentido, Pericàs ha destacado que las competencias de Generalitat era exclusivamente los órganos de gobierno, y el tratamiento de la obra social. Han reconocido que hubo contacto directo con el Banco de España durante el proceso de reestructuración del sector de cajas, pero han insistido en que la responsabilidad máxima de ese proceso era en todo momento del regulador del sistema financiero.

Salazar ha significado que el Banco de España "estaba demasiado seguro de que había hecho las cosas bien", un aspecto que impidió que se actuará con igual de celeridad que en otros países europeos.