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La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han aportado en los últimos tres años 150 millones de euros al capital de Spanair, que finalmente no han sido suficientes para relanzar el proyecto de la aerolínea.

Spanair fue comprado en 2009 por un grupo de inversores catalanes a las líneas aéreas escandinavas SAS, algunos de ellos instituciones públicas como la sociedad de capital riesgo Catalana d'Iniciatives (11,4%) Turismo de Barcelona (15%) Fira de Barcelona (24%) Avança (10,5%) y Cimalsa (18%). Todas estas sociedades estaban participadas, en mayor o menor medida, por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, principales promotores de la operación, con la esperanza de convertir el aeropuerto de El Prat en un centro de referencia hub internacional.

En total, casi un 79% del capital es de carácter público y la mayor parte de los fondos aportados ha procedido de este tipo de accionista. Por su parte, el sector privado ha estado representado por SAS (11,6), los pilotos ,el personal y los directivos (3,7%) y la sociedad Volcat (20,8%), donde participan empresarios de la asociación Femcat, considerada cercana a CiU, o instituciones como el RACC.

Las inyecciones de fondos públicos estaban siendo investigadas por la UE por posible violación de la normativa contra la competencia.