Gas Natural exige claridad legal para evitar cortes de luz a personas vulnerables

El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha reclamado en el Parlament claridad legal para evitar cortes de suministro a personas y familias vulnerables. Villaseca ha comparecido en la comisión de Empresa para explicar la actuación de la compañía tras el fallecimiento en Reus de Rosa PitarchReusRosa Pitarch en un incendio por una vela con la que se alumbraba tras haberle cortado la luz.

El número dos de la firma energética, que ha manifestado las condolencias por este fallecimiento, ha reiterado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus "no comunicaron" la situación que atravesaba la fallecida, de 81 años, como sí que habían hecho en 140 casos anteriores en el 2016. El consistorio se hacía cargo del recibo del agua de la afectada, ha recordado.

La comercializadora del grupo, Gas Natural Servicios, decidió paralizar el suministro tras acumular cinco meses de impagos y desconocía, ha asegurado, que estaba siendo atendida por los servicios sociales municipales desde el 2013, había sido desahuciada y estaba a punto de trasladarse a vivir con una nieta. También ha asegurado que los servicios sociales la habían visitado pocos días antes del incidente."Todas estas situaciones eran desconocidas por nuestra empresa", ha manifestado.

COLABORACIÓN DESDE EL 2014

De hecho, ha explicado que Gas Natural colaboraba con el Ayuntamiento de Reus desde el 2014. Villaseca ha recordado que al producirse el incidente no se había desplegado el reglamento de la ley de pobreza energética, tal como instó el Parlament hace un año o como reconoció el propio Govern en abril del año pasado con respecto al "protocolo obligado de comunicación". Ha quitado valor legal al que se publicó en la web de la Agència Catalana de Consum, suspendido cautelarmente por un juez y ha recordado que esta norma es la tercera que intenta regular estos casos y "en las dos anteriores no había aviso previo", sino el procedimiento que se aplica en los convenios que tiene firmados con distintas administraciones, ha precisado tras su intervención.

A su juicio, el incidente de Reus no fue "un problema de dinero, sino de organización" porque "no ha fallado el dinero sino el sistema", ha agregado tras su intervención. "Cuesta entender por qué todavía no se ha aprobado el tan necesario protocolo", ha sentenciado el alto directivo. "Es imprescindible concretar la manera, única, vinculada y obligatoria mediante la que los entes locales y las empresas suministradoras han de relacionarse", ha dicho.

SITUACIÓN JURÍDICA POCO CLARA

Villaseca ha afirmado que mientras no se aclare la situación jurídica, Gas Natural seguirá proponiendo a los ayuntamientos de las ciudades en las que tienen clientes "una mejor sistemática de intercambio continuo y fiable de información que normalice y concrete los procedimientos y que permita tramitar, adecuadamente y en tiempo, los posibles cortes de suministro a clientes vulnerables". La compañía presentó esta semana un plan de 4,5 millones contra la pobreza energéticaun plan de 4,5 millonespobreza energética, que las entidades sociales creen insuficiente.

Ha recordado que los servicios sociales de ayuntamientos de Catalunya han informado a la compañía hasta ahora de más de 12.000 familias en situación de vulnerabilidad y a las que la empresa no les ha cortado el suministro. También ha explicado que el grupo tiene acuerdos y convenios para intercambio de información con 441 municipios catalanes que significan el 97% de los clientes en Catalunya. Tras su intervención se ha comprometido a estudiar la propuesta de convenio único de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones y las entidades municipalistas, que dicen haber recibido hace 48 horas. 

Por su parte, el diputado de la CUP Joan Garriga ha recordado que su formación ha presentado una querella criminal contra la compañía, a la que considera "responsable directa" de la muerte de la anciana. También ha insistido en que la ley es clara al establecer que las compañías han de dar un aviso previo a los servicios sociales antes de cortar el suministro. En línea similar, Marc Vidal (CSQP) han defendido la nacionalización de las compañías energéticas, mientras que Jordi Terrades (PSC) y Jordi Munell (Junts Pel Sí) han preguntado a Villaseca si la compañía firmará un convenio con la Generalitat.

Los grupos parlamentarios han discrepado acerca de si la ley de pobreza energética requiere o no un reglamento para clarificar el procedimiento de cortes de suministro, como han argumentado el PPC o Ciudadanos.