El futuro de Rato, en manos de Andreu y Anticorrupción

Cuatro días después de que la polémica rodease a la detención durante siete horas de Rodrigo Rato, la justicia reordenó ayer quienes investigarán al exvicepresidente. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decretó que sea Anticorrupción y no la fiscalía de Madrid, quien lleve a cabo las pesquisas, mientras que el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, se inhibió a favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien a su vez investiga al exjefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los sumarios que estudian la cuestionada salida a bolsa de Bankia y el uso de las llamadas tarjetas black por parte de sus exconsejeros.

El magistrado solicitó la inhibición tras considerar que existen nexos entre los actuales problemas judiciales de Rato y los dos procedimientos por los que Andreu ya le ha imputado. Aún así, el togado de la Audiencia deberá decidir si comparte el criterio. Aunque los primeros indicios apuntan que puede haber interconexiones y por tanto lo lógico sería que asumiera el caso, fuentes jurídicas alertan de que Andreu también puede considerar que son delitos autónomos y rechazar la causa. En este caso, sería el Tribunal Supremo el que resolvería la competencia del caso, teniendo en cuenta la controversia que se abriría si resolviese que la detención de Rato y el registro de su casa y despacho, contado en vivo, en directo y al detalle por los medios de comunicación, fue efectuada por un juez que no era competente.

Fue la Agencia Tributaria quien escogió a la fiscalía de Madrid y no a Anticorrupción para que iniciase las pesquisas. Los responsables provinciales presentaron el jueves una denuncia ante los juzgados de guardia de plaza Castilla para que los inmuebles de Rato fuesen registrados, con el reclamo de que este estuviese presente bajo custodia policial.

Las especulaciones de porqué Hacienda obvió a Anticorrupción son diversas, y van desde el presunto malestar entre ambas instituciones a que el fiscal especializado rechazó una denuncia similar hace un par de meses. En cualquier caso, el viernes, el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, reclamó a su superior, Consuelo Madrigal, que le remitiese el caso. En su escrito, según publicó EL PERIÓDICO, argumentó que su fiscalía lleva casi un año siguiendo la pista de Rato «y otras personas», por lo que consideró que todo lo referente a los presuntos movimientos del exvicepresidente para ocultar su patrimonio y evadir dinero al fisco debían estar bajo su tutela.

LA 'ESPECIAL TRASCENDENCIA'

Madrigal le dio ayer la razón. En un decreto de tres folios consideró que dada «la especial trascendencia» social, mediática y jurídica de las «infracciones penales investigadas», debe de ser una Anticorrupción la que ostente la competencia. El escrito argumenta además que el sumario «se prevé de especial complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rato», por lo que su labor debe ser completada «por la actuación de las unidades de apoyo de la que está dotada».

La máxima responsable del ministerio público concreta que Rato está siendo investigado por cinco delitos contra la Hacienda Pública -puede ser por varios ejercicios y por declaraciones de IRPF o sociedades-, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Y da una última razón para cambiar el asunto de manos, que ahonda en la tesis de que el caso Bankia -que lleva Anticorrupción- y las pesquisas de los últimos días están conectadas, dado que Rato presuntamente «habría intentado eludir» la fianza que Andreu le impuso.

Precisamente la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revisará el viernes los recursos interpuestos contra la fianza civil de 800 millones de euros. Bankia adelantó el dinero y envió un requerimiento notarial a Rato y otros tres altos excargos para que aporten la parte proporcional (133 millones cada uno). En el caso de no satisfacer esta cantidad, Bankia pedirá a la justicia el embargo de sus bienes.