El FROB envía a la fiscalía 16 créditos de CatalunyaBanc

El Gobierno ha dado un nuevo paso en su estrategia para depurar responsabilidades y evitar verse manchado por los escándalos de las cajas nacionalizadas. Como había anunciado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, anunció el envío a la Fiscalía de 23 operaciones irregulares en Catalunya Caixa y NovaGalicia Banco.

Al contrario que en anteriores ocasiones, y después de que el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid saltase a la luz por una filtración, la institución ha decidido dar detalles.  En el caso de la entidad catalana, se trata de 16 operaciones que provocaron un perjuicio económico de 900 millones de euros.

Las firmas especializadas contratadas por el FROB han detectado comportamientos sospechosos en, entre otros, créditos y refinanciaciones para la compra de inmuebles y de sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, cancelaciones de deudas (mediante compraventa de activos, dación en pago u otras vías), ventas de inmuebles adjudicados, e inversiones ("Por ejemplo, en situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial»). Se trata de operaciones que han dado lugar a "importantes pérdidas" y que presentan "indicios de irregularidades» o no responden a «una finalidad económica lógica".

AMPLIO PERIODO

La "mayoría" de estas operaciones -pero no todas- proceden de entre los años 2005 y 2008, cuando las cajas de Tarragona, Manresa y Catalunya no se habían aún fusionado y esta última estaba presidida por Narcís Serra y dirigida por Josep Maria Loza. La de Manresa, por su parte, estaba dirigida por Adolf Todó, que en el 2008 pasó a ocupar el mismo cargo en Catalunya Caixa, puesto que mantuvo tras la fusión y desde el que saltó a la presidencia en el 2011 y hasta ser cesado por el FROB en el 2013.

En el caso de la gallega, se han detectado siete operaciones irregulares que provocaron un quebranto de 600 millones de euros. El banco ya ha sido vendido por el Gobierno al venezolano Banesco, mientras que Catalunya Caixa ha sido adjudicado a BBVA. En ambos casos se han perdido la inmensa mayoría de los 9.052 y 12.052 millones inyectados en ayudas públicas, respectivamente.

La Fiscalía tiene ahora que analizar los informes que le ha remitido el FROB. Su intención es transmitir el asunto a los juzgados en breve plazo. Lo más probable es que los casos acaben en la Audiencia Nacional por el volumen de las pérdidas que provocaron las operaciones.