El rescate de las autopistas costará al Estado un mínimo de 1.000 millones

El Ministerio de Fomento prevé rescatar en febrero la primera de las nueve autopistas de peaje quebradas (la radial R-4 entre Madrid y Ocaña) y absorber las restantes en marzo, con sus 700 trabajadores. Todo ello dentro de un proceso que incluye volver a entregar la gestión de estas autopistas al sector privado antes de que acabe el año y que, según los cálculos que maneja el Gobierno, podría acabar costando un mínimo de 1.000 millones a los contribuyentes en los Presupuestos del 2018.

“No sabemos cuál será la cifra definitiva” ha dicho el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. Según el alto cargo de Fomento, el Estado prevé ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros en diciembre del 2018 cuando culmine el concurso para volver a adjudicar al sector privado la explotación de las autopistas rescatadas por un periodo de 25 años. La cantidad final dependerá de los tráficos y las tarifas que se incorporen a los pliegos de licitación.

Responsabilidad patrimonial

Esta cifra de hasta 1.000 millones de euros, sin embargo no logrará compensar las cantidades que Fomento tendrá que abonar a los fondos de inversión por la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas que se encuentran en concurso de acreedores. 

Gómez-Pomar ha evitado cuantificar lo que tendrá que pagar el Estado en concepto de RPA. En abril, sin embargo, en el Plan de Estabilidad 2017-2020 remitido a Bruselas, el Gobierno lo cifró en 3.500 millones. Después, en octubre, en el Plan Presupuestario del 2018 enviado a la Comisión Europea esta cifra fue rebajada a la de “más de 2.000 millone”. Si se da por buena esta última estimación oficial del coste y se toman en cuenta los ingresos de entre 700 y 1.000 millones que Fomento espera ahora obtener por la reprivatización de la gestión de las autopistas a finales del 2018, resultaría una pérdida mínima de entre 1.000 y 1.300 millones para el erario público como resultado final del proceso de rescate de todas estas vías de peaje impulsadas por el Gobierno de José María Aznar.

"Mala gestión del PP"

Si los acreedores juzgaran insuficiente la RPA asumida por la administración y los tribunales les acabaran dando la razón, el coste para el Estado acabaría siendo mayor, aunque eso podría suceder en años próximos. El portavoz socialista de Fomento, César Ramos, ha reclamado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que "deje de engañar" con el coste del rescate a las autopistas quebradas, pues cree que el montante final de la operación podría alcanzar los 3.500 millones de euros. Ramos reclama que la operación "no tenga ningún coste para los ciudadanos", pues estos "no tienen por qué pagar la mala gestión del PP".

Los procesos de licitación, adjudicación y concesión privada de la explotación de las autopistas rescatadas se acometerán en el segundo semestre y, según fuentes de Fomento, podrán concursar “todas aquellas empresas que cumplan los criterios de solvencia económica y técnica  que se establezcan en los pliegos”, incluidas las ocho concesionarias implicadas en las quiebras.