La fiscalía reclama 72 millones al consejo de la quebrada Spanair

El concurso de acreedores de Spanair atraviesa turbulencias. Después de que la administración concursal, formada por el bufete Gispert Abogados y PriceWaterHouse Coopers, declarara el concurso de acreedores culpable, la Fiscalía de Barcelona acaba de enviar al juez su informe en el que reclama al consejo de administración el pago de 72.184.107,63 euros por haber retrasado cinco meses la presentación del concurso de acreedores a sabiendas que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia.

El informe firmado por la fiscala Raquel Amado y remitido al juez coincide con los administradores en que el concurso de la aerolínea debe declararse culpable porque la sociedad se encontraba en situación de insolvencia manifiesta el 30 de junio del 2011, por lo que la obligación de solicitar concurso vencía el 1 de septiembre del 2011. Por lo tanto se produjo un retraso de cinco meses, hasta el 30 de enero del 2012, durante el cual se agravó el déficit concursal en 72.184.107,63 euros.

La fiscalía considera que la situación real de la empresa se vio maquillada por las sucesivas inyecciones de capital realizadas por empresas públicas en aras de lograr un acuerdo con un socio industrial que nunca se materializó y por prácticas contables como la activación de créditos fiscales en función de beneficios futuros que no está nada claro que se pudieran obtener a tenor de los planes de negocio presentados por la propia empresa. El ministerio público considera que el auditor Deloitte hizo la vista gorda ante una práctica que no es correcta.

Generalitat y Fira

El informe declara afectados por la calificación de culpables a todos los miembros del consejo de administración de la sociedad, encabezado por su presidente Ferran Soriano, y considera que deben ser condenados a pagar solidariamente el déficit generado ya que siempre votaron por unanimidad en todas las reuniones. El resto del órgano de gobierno se componía a fecha del concurso de acreedores por Benny Zkrisson, Miquel Martí, Josep Mateu, Jordi Rafel Bagó, Josep Maria Benet, Joan Gaspart, Inversions Turístiques i Comercials 2009, Fira de Barcelona, Manuel Albanell, Michael Balint y la sociedad perteneciente a la Generalitat Avançsa. Queda excluido el consejero Karl Mats Erik Lönnqvist, que en el momento de la quiebra ya no era consejero y que solo deberá responder al pago máximo de 6 millones.

La fiscalía también solicita en su informe para todo el consejo la inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante el periodo de dos años. El expresidente de la aerolínea en liquidación es actualmente consejero delegado del  club inglés Manchester City.

En su escrito, la Fiscalía de Barcelona también considera que los miembros del consejo, y esto afecta directamente a la Generalitat, a Fira de Barcelona y a los empresarios agrupados en Volcat 2009, deben perder cualquier derecho que tuvieran, en su caso, como acreedores concursales o de la masa. La administración concursal presentó su informe inicial el 27 de julio del 2012 y fijó el activo de Spanair en 52,4 millones de euros y el pasivo en 571,8 millones, de los que 499,7 millones corresponden a los créditos concursales y 72 millones a los créditos contra la masa.

Finalmente, el informe concluye que, en caso de que el antiguo consejo al que se considera culpable formule oposición a la calificación de la fiscalía en el concurso, se llame a declarar en el juicio al conseller de Economia. Andreu Mas Colell, así como al exdirector general de Industria, Joan Sureda; al secretario de Economia, Albert Carreras; al director del Incasòl, Francesc Damià; además de a Miquel Lladó y Felip Muntadas-Prim.