Fiscalía pide 15 años para Díaz Ferrán al que acusa de integrarse en un grupo criminal para vaciar Marsans
El fiscal acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán al que acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores. El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.
El Ministerio Público solicita, además, 8 años para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento, y 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.
Operación crucero
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de una operación Crucero, que se inició a raíz de tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia. El fiscal asegura que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.
El grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad --dice el escrito de conclusiones preliminares de la Fiscalía-- lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo. La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.
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