La fiscalía abre diligencias ante la fuerte subida del precio de la luz

bombilla

bombilla / EL PERIÓDICO

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto este viernes diligencias para averiguar las razones por las que se han producido los sucesivos aumentos de precio que han experimentado en los últimos días en el mercado mayorista de electricidad y que acabarán repercutiendo en el recibo de la luz en los próximos meses.

El ministerio público ha justificado su intervención en este caso con el argumento de que actúa en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos.

Fuentes fiscales señalaron que este tipo de investigación se ha puesto en práctica desde 2014 en varias ocasiones. En este sentido, destacan la intervención que pusieron en marcha cuando se produjo una subida muy fuerte de los precios de venta al público del gasóleo y las gasolinas, aunque en aquella ocasión al final las diligencias se archivaron sin necesidad de interponer una demanda ante el juzgado correspondiente.

La apertura de las diligencias supone en un primer momento determinar cómo está regulado el mercado de la luz y en qué grado afectan realmente las condiciones meteorológicas adversas a la creación de los precios. Con los datos recabados determinará si hay algún responsable de estas variaciones tan súbitas de precios en el mercado, y del posible perjuicio futuro a consumidores y usuarios.

El precio medio del mercado mayorista eléctrico ha alcanzado este viernes los 88 euros por megavatio y hora, cifra que contrasta con los 60,49 euros del pasado mes de diciembre. Durante esta semana se han producido subidas diarias del 2,5%, el jueves, y del 8% en este mercado. El precio de coste de la energía supone aproximadamente el 40% del total del recibo que pagan los usuarios. El resto son peajes e impuestos que determina el Gobierno y que este año están congelados.

INTERÉS PÚBLICO

La ley de enjuiciamiento civil habilita a los fiscales a iniciar las llamadas "acciones de cesación" con el fin de defender los intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación del ministerio público quedarían indefensos. La Fiscalía General del Estado precisa que el ministerio público actúa en toda España como defensor del interés público tutelado por la ley, en este caso al amparo del artículo 11.5 de la ley, que concede legitimación fiscal para actuar en defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, "sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados" y de las asociaciones que representan sus intereses. La fiscalía puede actuar "cuando los perjudicados por un hecho" sean una pluralidad de consumidores o usuarios "indeterminada o de difícil determinación".

Si de las diligencias fiscales se desprende algún tipo de responsabilidad en la subida de los recibos de la luz, el ministerio público lo pondrá en conocimiento del tribunal correspondiente a través de la presentación de una demanda.

La decisión de la fiscalía contrasta con la adoptada por el órgano regulador de la actividad eléctrica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que inicialmente barajó iniciar una investigación, la ha descartado hasta el momento, según ha podido saber este diario. "Se trata de factores excepcionales, como la falta de lluvia y de viento y la fuerte demanda por parte de Francia, que tiene un tercio de su parque nuclear parado, lo que ha forzado a recurrir a los ciclos combinados, que queman gas, cuyo precio se encuentra a un precio excepcionalmente alto, y marca al conjunto", explican las mismas fuentes. Todo ello ha coincidido con una etapa de ola de frío que ha disparado la demanda, tanto en España como en el resto de Europa.