INVESTIGACIÓN A UN ENTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
El fiscal acusa a la excúpula de Mutua Universal de malversación
El fiscal de Barcelona Emilio Sánchez Ulled sostiene que 11 exdirectivos de Mutua Universal o de empresas de su entorno cometieron un desvío de fondos de, al menos, 195 millones de euros y les atribuye, sin perjuicio de la calificación final, los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento de cuentas y falsedad documental. La acusación pública ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en el que solicita que se concluya la investigación, que se inició en agosto del 2007 a raíz de una querella de la fiscalía.
Entre las personas imputadas se encuentran Joan Aicart Manzanares, que fue director general de la Mutua y que dejó su cargo a raíz del proceso judicial, así como cuatro exsubdirectores generales (José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Macià, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire), cuatro jefes de departamento, un denominado consultor general y un asesor jurídico.
El fiscal sostiene que los imputados se «concertaron» para expandir el volumen de negocio de la entidad a «costa principalmente del patrimonio de la Seguridad Social». Para ello, según la acusación, «distrajeron» fondos de carácter público, que destinaban a conceder beneficios a determinados asociados con la finalidad de «captarlos» o «fidelizarlos». Asimismo, supuestamente desviaban dinero parar crear y mantener en funcionamiento un entramado societario que prestaba servicios a terceros y a la propia mutua «en un claro conflicto de intereses» y en perjuicio del erario público.
Este «conglomerado societario» recibió dinero de la entidad asistencial que fue utilizado «indebidamente» para fines ajenos a la mutua y «en perjuicio económico» de esta.
La acusación pública detalla en su escrito los dos mecanismos utilizados como estrategia «defraudatoria». En primer lugar, a su entender, los imputados dispusieron lo necesario para retornar indebidamente a numerosas empresas asociadas a la mutua las cantidades procedentes de sus cotizaciones que no habían sido realmente gastadas y que, por tanto, deberían haber sido reintegradas a la Seguridad Social (técnicamente se denominan extornos). Este dinero son fondos públicos.
ESCONDER LAS TRAMPAS / Con este sistema, relata el fiscal, se buscaba mejorar «ilícitamente» los recursos de la entidad y ampliar su dimensión. Los implicados ofrecían a las empresas asociadas beneficios económicos «vetados por la ley», que otras compañías no podían dar. Para «materializar y enmascarar» estas operaciones los imputados recurrieron a dos métodos: el supuesto pago de facturas ficticias por la mutua que no respondían a servicios prestados y la cesión a las empresas de personal contratado y retribuido por la entidad asistencial. El total de fondos públicos supuestamente desviados a través de este mecanismo entre 1998 y 2007 asciende a 195 millones de euros, de los que se beneficiaron 1.185 empresas.
El segundo «mecanismo» usado por los imputados para el desvío de fondos era el traspaso de dinero a un «conglomerado de sociedades vinculadas» a la mutua, algunas del sector inmobiliario. Los acusados, incide el fiscal, articularon un «complejo entramado» compuesto por numerosas empresas que, actuando «en concierto y bajo la unidad de decisión», eran «ilícitamente» financiadas por la mutua «con cargo a los fondos públicos». La acusación sospecha que muchos de los servicios que esta trama prestaba a la entidad asistencial se facturaban por precios superiores a los del mercado. Pero, además, estas firmas fueron usadas para repartir los extornos e invertir en actividades ajenas al objetivo de la mutua. El fiscal puntualiza que no se ha podido determinar los fondos públicos desviados mediante este sistema.
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