Fianza millonaria por el uso de la tarjetas 'black'

Ellos se lo guisaron y ellos se lo comieron, pero ahora van a pagar con intereses los gastos de sus tarjetas blacken Caja Madrid. El juez Fernando Andreu impusó ayer a 21 exconsejeros una fianza civil de 4,3 millones de euros por haber tirado de tarjeta sin tomarse siquiera la molestia de saber «para qué y cómo» debían usar estos fondos. El togado considera inconcebible que estos exaltos mandos en vez de velar por los intereses de la entidad se dedicaran a gastar «en artículos y productos» que nada tenían que ver con las funciones de su cargo y, por tanto, a saquear a la caja que representaban.

El togado ha tomado esta decisión después de que hayan declarado 27 usuarios de estas tarjetas. Seis de ellos se han librado de la fianza porque, o bien han reintegrado el dinero que gastaron o bien hicieron un uso correcto de la tarjeta, es decir, la utilizaron solo para gastos de representación. Los otros 21 consejeros ofrecieron al juez explicaciones variopintas. Unos dijeron que el dinero de plástico era para gastos de representación, otros para uso personal y varios reconocieron que la usaban para todo. El juez, en un auto en la que les saca los colores, rechaza que las tarjetas se pudieran encuadrar en un complemento salarial pues «escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial».

«NO ES DE RECIBO»

El juez también niega que las tarjetas se pudieran usar sin tener que justificar los gastos y sin la existencia de un contrato. Y reprocha a los exconsejeros que varios de ellos hayan declarado que las usaron porque desde la caja no se les comentó que no lo hicieran. El togado les recuerda que nadie podía hacer esta función porque les correspondía a ellos «eliminar esta irregular práctica» que ocasionaba «perjuicios a la entidad». «No es de recibo», afirma el juez que no ejercieran «ese control» porque este formaba parte de «sus atribuciones».

Asimismo, el togado sostiene que estas tarjetas, como declaró el expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, eran de empresa y hasta la llegada de Miguel Blesa a la presidencia estaban sometidas a un doble control: se justificaban los gastos y se auditaban. Después, «fueron contabilizadas de forma encubierta» y las empleaban hasta los fines de semana y festivos o sacaban dinero en efectivo. Por ello, Andreu imputa a los exconsejeros un delito de administración desleal o uno de apropiación indebida. Las fianzas más altas han recaído en los que más tiraron de tarjeta: José Antonio Moral Santín (610.000 euros), de IU; Rodolfo Benito (188.000), de CCOO; Estanislao Rodríguez Ponga (341.000 euros), ex secretario de Estado de Hacienda; o Francisco Baquero (356.000 euros), de CCOO. Los exconsejeros disponen de tres días para depositar estas cantidades o se les embargarán sus bienes.