Explotación en el Ebre

Nos fijamos en el precio barato de un kilo de naranjas en el supermercado sin pensar que, tras esas piezas de fruta, incluso las de proximidad, se esconden condiciones laborales de explotación. Jornadas de 10 horas trabajadas a destajo a precios de tres euros la hora. A menudo, además, los recolectores del campo tienen que dar parte de ese sueldo sin cobertura a los 'caps de colla', que les transportan a las fincas. Eso, cuando no cobran en especie, comida y cama en lugar de dinero, como salario.

Hay casos aún más extremos, pero apenas denuncias. Un informe en el que participa CCOO, enmarcado en el proyecto europeo AGREE financiado por el programa 'Prevención y lucha contra el crimen organizado de la Unión Europea'se ha fijado en la situación que viven los trabajadores del campo en el Maresme y en las Terres de l'Ebre y ha detectado condiciones especialmente graves de explotación laboral en el Baix Ebre y el Montsià. Se calcula que unos 4.000 trabajan cada año en las fincas de esa zona.

En el Ebre, expone el estudio, «la intervención institucional y de los agentes sociales está menos desarrollada», por lo que las víctimas están más desprotegidas. Además, la intermediación de empresas de trabajo temporal, que difuminan el vínculo entre el agricultor contratante y sus trabajadores, y la existencia de la figura del 'cap de colla', pueden agravar una situación ya precaria de partida propiciada por una conjunción de factores de carácter más general. Por una parte, «la situación de irregularidad de muchos inmigrantes, que les deja indefensos ante los abusos», señaló Ghassan Saliba, responsable de la red del proyecto AGREE. Joan Montesó, responsable de Unió de Pagesos, apuntó además que «las grandes distribuidoras marcan un precio tope. Y, a partir de ahí, hacia abajo. Quienes se sienten atenazados por la imposición de precios al final de la cadena son los temporeros y los pequeños agricultores».

Perseguir esas situaciones de explotación no es fácil, señalaron en una jornada en Tortosa el inspector de trabajo Antonio Jiménez y el inspector jefe de la Policía Nacional en esa ciudad, Juan Carlos Cerón. «La dificultad es que no conocemos donde se encuentran esos focos de fraude», afirmó Jiménez. Para el secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Carles Gallego, la situación evidencia «la enorme desigualdad de la sociedad y la violencia estructural instalada».

Entre las posibles soluciones, se apunta a la coordinación entre administraciones y agentes sociales; la intervención de asociaciones de inmigrantes y campañas de sensibilización hacia el consumo responsable.