PROCESO JUDICIAL POR UNA PRESUNTA IRREGULARIDAD

El exgerente del ACA niega ante la jueza haber pactado una adjudicación millonaria

Joan Lluís Quer ha declarado que no medió para que la UTE que representaba lograra los contratos

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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El exgerente de la Agència Catalana de l’Aigüa (ACA) y actual presidente de Infraestructuras de Catalunya de la Generalitat (antigua Gisa), Joan Lluís Quer, ha negado este martes en el juzgado, donde ha declarado en calidad de imputado, que pactara para la Unión Temporal de Empresas (UTE) que representaba la adjudicación por parte de la entidad pública donde había trabajado un contrato millonario para implementar en Catalunya una directiva europea del agua. El alto cargo de la Administración, defendido por el abogado Miguel Capuz, ha asegurado que tampoco se reunió con directivos del ACA y que ni sabía que se habían efectuado estas entrevistas. 

La jueza de Barcelona Ángeles Fernández Tió abrió la investigación a mediados del pasado mes de junio tras la querella presentada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que atribuye a los imputados, 13 en total, los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particular, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y posibles falsedades en documento oficial o mercantil.

En septiembre del 2007, el ACA, que dependía entonces de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge (dirigida por Francesc Baltasar), tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del programa de medidas y del plan de gestión de la cuenca fluvial de Catalunya, que debía tener un importe máximo de 4 millones de euros. El contrato, por un importe de 3,75 euros, fue adjudicado en enero del 2008 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) DMA-Gestió, una agrupación de tres consultoras de ingeniería representada por Quer, que fue gerente del ACA entre el 2000 y el 2004. El contrato especifica que quedaba abierto a otros presupuestos complementarios, lo que de hecho permitía que el adjudicatario escogiera libremente encajarlos.

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Y así sucedió. Entre octubre y diciembre del 2008, la misma DMA-Gestió se adjudicó 38 contratos más para trabajos complementarios, de distintos importes y que al final sumaron otros 3,9 millones. La operación de adjudicaciones en cascada sumaron 7,6 millones de millones. La Intervención General de la Generalitat expone en un informe que al menos 1,8 millones de euros no tienen justificaciones. Del resto, se detectan diferentes irregularidades, siendo la más llamativa, que había informes duplicados y pagados dos veces, otros con información anticuada y algunos copiados de internet.

La fiscalía sostiene que los expedientes de esta adjudicación presentan «un cúmulo de irregularidades tan numerosos y de tan grosero calibre» que permiten inferir que el contrato firmado con DMA-Gestió había sido «pactado y decidido previamente» de acuerdo con la adjudicataria, resultando «arbitraria», por cuanto al satisfacer una necesidad pública se «dio primacía a la finalidad de beneficiar a determinadas empresas en detrimento del resto de competidores y, en definitiva, del interés público».

Quer ha especificado en sus declaración que esos contratos complementarios se efectuaron porque en la adjudiciación inicial habían partidas que no estaban presupuestadas y que se fueron haciendo a raíz que iba avanzado el trabajo. Y es que la adjudicación que se realizó para este servicio era "singular", según fuentes jurídicas. El alto cargo de la Generalitar ha defendido en el juzgado que la adjudicación se hizo de forma correcta y que no se cometió irregularidad alguna.

DESPIDO IMPROCEDENTE

La defensa de Quer, que ha aportado varios documentos, ha agregado que solo se habían visto en dos o tres ocasión en algunas jornadas profesionales al que en el momento de la adjudiciación era director del ACA, Manuel Hernández, también imputado, del que no se considera amigo. Y de hecho, tenía tendendencias políticas diferentes. Quer había sido gerente del ACA entre el año 2000 hasta la llegada del tripartito, cuando se le despidió, por lo que en ningún momento coincidió con Hernández. De hecho, el despido fue considerado improcedente y se tuvo que indemnizar a Quer. 

También ha declarado hoy este marte ante la jueza la administradora de una empresa que participaba en la UTE y que ha asegurado que los negocios los llevaba su marido, que también está imputado, pero que declarará el próximo mes de octubre.