El lenguaje se está convirtiendo en un sistema para endulzar las propuestas más duras o para disimular medidas que acaban provocando un perjuicio a una parte importante de la población, pero que con otra denominación simulan ser incluso un beneficio.

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Información publicada en la página 26 de la sección de Economía de la edición impresa del día 12 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Para evitar hablar de despidos en una empresa, se afirma que se pretende hacer limpieza o aplicar un programa de reestructuración, por ejemplo. Las hipotecas que no se pueden pagar porque se concedieron sin ton ni son a clientes que tenían todos los números para convertirse en insolventes a la mínima que bajase el empleo se les llama ahora activos tóxicos. En realidad, el activo tóxico fue el responsable de conceder aquel crédito al ilusionado comprador, o al promotor que pretendía levantar la vivienda 800.000 del año, cuando el estoc de pisos sin vender ya acumulaba miles de inmuebles.

Uno de los últimos ejercicios de lo que podría calificarse como perversión del lenguaje lo ha hecho el Gobierno con su «Programa nacional de Reformas. España 2012», remitido a las autoridades europeas como demostración del empeño del Ejecutivo para poner en orden el país.

En lugar de reconocer que se reducirán las prestaciones públicas en materia de sanidad y que muchos de los tratamientos que hasta ahora iban a cargo del erario ahora deberán pagarlos los usuarios, se califican estas medidas de «racionalización y modernización en la prestación de los servicios públicos esenciales». Al incremento del 10% del precio de los medicamentos se le llama «racionalización de la demanda farmacéutica». La práctica eliminación de la atención a la dependencia se convierte en una «reforma».

En el sistema educativo, tras años de avances y siguiendo la estela de los países más avanzados en esta materia con la reducción del número de alumnos por aula, ahora se amplía la ratio con el argumento de que así las Comunidades Autónomas reducirán uno de sus principales gastos corrientes.

Aunque, uno de los puntos más discutibles como explicación es el referido a la reforma de las tasas judiciales. Se trata de evitar «una excesiva saturación del sistema judicial», lo que, traducido en cifras quiere decir que cada vez más solo podrán litigar en segundas instancias judiciales los que tengan dinero de sobras para ello. Así, la tasa de apelación en los tribunales civiles pasa de los 300 euros actuales a 800; el recurso de casación en el contencioso administrativo se duplica (de 600 euros pasa a 1.200) y en los tribunales de lo social, dedicados básicamente a litigios laborales, se pasa de la gratuidad actual a tasas de 500 a 700 euros según el caso. Eso sí, se asegura que estas tasas servirán para financiar el sistema de justicia gratuita para los que no las puedan pagar.