Un Estado muy endeudado
El Banco España reclama reducir el peso del pasivo público en relkación al conjunto del PIB
Pese a que los planes del Gobierno del PP, recogidos en el Plan de Estabilidad apuntan a una tendencia de contención de la deuda pública, esta circunstancia no se producirá antes del 2016. Desde la teoría macroeconómica se defiende que son los periodos en que los tipos de interés se mantienen más bajos cuando conviene reducir el endeudamiento público. Dejar esa tarea para momentos con tipos de interés al alza representa un coste suplementario para cualquier estado que no se tome en serio la reducción de su endeudamiento.
Siguiendo esa ortodoxia, el Banco de España pidió ayer al Gobierno que se centre en ese cometido. «La prioridad de la política fiscal debe seguir siendo la estabilización primero y, posteriormente, la disminución gradual de la ratio de deuda pública sobre el PIB», planteó en un estudio sobre la evolución de la deuda pública española, publicado en el Boletín Económico de julio-agosto.
Cumplir con ese cometido «exige que el proceso de consolidación fiscal que se encuentra en marcha se complete con éxito». En este sentido, el estudio subraya que la ratio de deuda sobre PIB que establece la última actualización de Programa de Estabilidad debería mantenerse en el 2015 por debajo del 100% PIB. «Para comenzar a reducirse gradualmente en los años siguientes».
La realidad más cercana es que la ratio de deuda mantuvo su tendencia creciente en el 2014, hasta situarse en el 97,7% del PIB, frente al 92,1% registrado en el 2013.
En el 2010, la deuda pública española se mantenía en el 60% del PIB, pero desde entonces ha llegado casi a doblarse, hasta alcanzar los 1,03 billones de euros millones de euros (2014) en cifras absolutas para el conjunto de las adminisraciones, frente a un PIB de 1,05 billones de euros.
En términos relativos, la Administración central acumula la mayor parte del endeudamiento (84,6%) y se incrementó en casi 5 puntos porcentuales respecto al 2013, «aunque parte de esa deuda se utilizó para financiar a las comunidades autónomas y a los entes locales a través del fondo de proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Las autonomías representaron el 22,4% del endeudamiento, con un alza de 2,4 puntos porcentuales y, finalmente, las corporaciones locales redujeron su participación hasta el 3,6%. Valencia, Castilla-La Mancha, Catalunya, Baleares, Murcia y Andalucía fueron las comunidades más endeudadas. Y la deuda de los seis primeros ayuntamientos: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga sumó 9.600 millones.
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