Empieza un nuevo futuro

Si hace cuatro años, en estas mismas páginas, hablábamos de los nuevos retos que los ayuntamientos tenían que hacer frente derivados, fundamentalmente, de la crisis económica y financiera, de la carencia de una nueva ley de financiación que no termina (ni parece ser que acabará) de llegar nunca y de la necesidad de valorar insumos nuevos en el crecimiento de las ciudades como el agua, la energía, el medio ambiente, el ruido o la movilidad, ahora estas problemáticas no solo siguen estando vivas, sino que se han incrementado significativamente. Como seguimos bajo los impactos de unas políticas de austeridad y con una obsesión enfermiza por la reducción del déficit público, los ayuntamientos, como administración a la cola de la de todo el Estado, están recibiendo golpes por todas partes cuando, ellos, paradójicamente, son la única administración que ha cerrado con superávit los dos últimos ejercicios del 2013 y  2014, al contrario de la Administración central y comunidades autónomas, que lo han hecho con déficit.

El Gobierno central ha continuado recentralizando el poder, y tanto el programa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local incorporan cambios sustanciales que, en definitiva, obligarán a elaborar nuevas políticas municipales que configurarán una gestión de los recursos totalmente nueva y adaptada, forzosamente, a los cambios que ha sufrido el mercado monetario. Estos cambios han dado un nuevo protagonismo a la autofinanciación, ya que el dinero externo para financiarse no solo es escaso, sino bastante más caro, a pesar de la política expansiva de dinero que hace el Banco Central Europeo.

Que la Gran Recesión ha tocado duro las arcas municipales lo evidencian los gráficos que se acompañan. En valores nominales, el aumento de los ingresos en los seis años que van del 2007 al 2013 fue del 7,30%, pero aplicando el deflactor del PIB para trabajar con valores constantes del 2007 y eliminar la influencia de los precios, la caída de los ingresos corrientes es del 6,36%. Eso significa que durante este periodo los municipios han perdido capacidad inversora o han aumentado su deuda para compensar esta pérdida haciendo, en este caso, más que malabarismos para no superar el límite de endeudamiento, que ahora está en el 75% de los ingresos corrientes. Sin embargo, muchos son los ayuntamientos catalanes que superan este umbral si consideramos que por el total de los 947 municipios el ratio de endeudamiento en el 2007 era del 50,53% y en el 2013, del 74,80%, un incremento del 48,03%.

Las políticas municipales expansivas (obras faraónicas, monumentalismo), de crecimiento, se han acabado y esto obligó a cambiar la forma que los ayuntamientos venían utilizando para financiarse durante los años de la burbuja inmobiliaria. El urbanismo ya no podrá ser determinante a la hora de contabilizar los flujos de caja y tesorería. Ni vía recalificaciones urbanísticas, ni desviando de su destino final los solares recibidos gratuitamente en concepto de aprovechamiento urbanístico, ni tampoco recuperando plusvalías urbanas derivadas del impulso del crecimiento, los municipios podrán salir adelante. Las plusvalías urbanas, lógicamente, no desaparecerán pero su valor absoluto será bastante más bajo. Los ayuntamientos deben olvidarse de estas vías de financiación y ser conscientes de que no podrán disponer de un volumen de dinero suficiente -pensar en un aumento de los impuestos locales parece suicida- como para poder afrontar las demandas colectivas de sus residentes al margen, evidentemente, de asumir las competencias derivadas de la normativa de bases de régimen local.

Puede parecer una actitud conservadora carente de ambición, pero la actual situación no da para más. Debemos pensar antes en la rehabilitación que en la nueva construcción, no podemos malgastar ni la más mínima parte de capital inmobiliario disponible, el reciclaje, la reposición, deben tomar protagonismo porque una nueva manera de crecer debemos imponer. Las ciudades no pueden ser, exclusivamente, centros productivos; las ciudades son los contenedores, los espacios, donde sus residentes viven, se reproducen y se relacionan. Esta es la primera función que debe asumir una ciudad, el urbanismo se debe hacer para los residentes, pensando en cómo mejorar su existencia para un día poder sentirla realmente como propia, no centrando la estrategia y la planificación en qué se debe hacer para mejorar la situación que la ciudad ocupa en cualquiera de los muchos rankings internacionales que hoy se confeccionan.

Se puede argumentar que a finales del 2014

-en noviembre de este hay elecciones generales-, se creó el Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEL) y ya el Ministro de Hacienda anunció la dotación de 2.000 millones para este 2015, más 1.500 millones a través de la extensión social del FFEL. Estas y otras medidas similares anunciadas no solucionan el problema de financiación de los ayuntamientos; son acciones aisladas, puntuales, que calman el dolor pero no curan la infección.

Y no olvidemos la espada de Damocles que pende sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes (en la provincia de Lleida, todos menos la capital) que pueden perder la gestión de siete servicios básicos a favor de las diputaciones. No les faltará trabajo a los nuevos ayuntamientos, con nuevos problemas que requerirán nuevas formas de gestión, que salgan de las urnas el próximo 24 de mayo.