El Ecofin cuestiona el aplazamiento de la decisión de sanciones a España

Ni al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, ni al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, les ha gustado la jugada de Jean-Claude Juncker de aplazar a “principios de julio”, hasta después de las elecciones del 26-Jelecciones del 26-J, la decisión sobre un eventual proceso de sanciones contra España. Especialmente, porque el mismo día que se tomaba esa decisión la Comisión Europea recomendaba la concesión de un año adicional para rebajar el déficit público por debajo del 3%. Como resultado de este descontento, la presidencia de la UE que ocupa Holanda ha encargado al servicio jurídico del Consejo un análisis para aclarar si ese aplazamiento vulnera o no las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El tema se abordó durante el desayuno de trabajo del Ecofin de esta semana, al que no pudo asistir el ministro en funciones Luis de Guindos. “Dar la impresión de que uno no quiere tomar una decisión –probablemente por las próximas elecciones- y eso no contribuye a reforzar las reglas del marco europeo”, se quejaba posteriormente el titular de finanzas alemán ante la prensa molesto con Bruselas por saltarse el procedimiento. Este jueves, desde Berlín, el máximo exponente de la ortodoxia, echaba más leña al fuego. “Hemos dicho de forma bastante unánime que no estamos satisfechos con esa decisión. Tenemos que respetarlo, es cosa de la Comisión, pero no es una decisión afortunada”, decía durante un encuentro con periodistas extranjeros.

Las quejas de Schäuble no son las únicas que se escucharon. Según el ministro de finanzas holandés y presidente de turno del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, son varios los que expresaron preocupación de que la decisión pueda sentar un precedente y de ahí que el asunto “formará parte de la discusión” del Ecofin del próximo 17 de junio en Luxemburgo, en plena campaña electoral española.

Para entonces, la presidencia de la UE espera contar con el nuevo dictamen. Los juristas del Consejo tendrán que aclarar si los pasos dados por Bruselas son legales o no. El pasado 18 de mayo la Comisión decidía dar a España y Portugal un año más, hasta 2017 y 2016 respectivamente, para rebajar su déficit público por debajo del 3% y situaba los nuevos objetivos españoles, dentro de las recomendaciones por país, en el 3,7% para este año y el 2,5% para 2017. En la misma reunión, sin embargo, el colegio de comisarios presidido por Juncker decidía parar el reloj y dejar para julio la polémica decisión sobre una sanción que podría alcanzar los 2.100 millones.

La presidencia holandesa sugiere ahora que esa prórroga podría no ser acorde con las reglas -al proponer un año más sin dar un nuevo paso dentro del procedimiento por déficit excesivo- y que los plazos previstos en las recomendaciones vigentes -cerrar 2016 por debajo del 3%- serían todavía válidos. "El servicio jurídico del Consejo está actualmente examinando esto para garantizar la coherencia en las decisiones del Consejo. Volveremos a discutirlo en el Ecofin de junio", confirma un portavoz de la presidencia.

La Comisión Europea insiste por su parte en que su decisión es sólida y acertada y que sus servicios jurídicos, tal y como ha señalado en reiteradas ocasiones su vicepresidente Valdis Dombrovskis, es jurídicamente válida. El mismo convencimiento tiene el ministro español en funciones, Luis de Guindos, que está convencido de que el aplazamiento de la decisión, según informa Rosa Sánchez, “es perfectamente legal” y de que “la Comisión Europea puede hacerlo”. En una comparecencia en Madrid, Guindos, que asegurado hablar mucho con su colega Schäuble, ha subrayado que no se trata de retrasar la multa y de que está seguro que “no habrá sanción a España".

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