UNA DECISIÓN DIFÍCIL

Doloroso, pero inevitable

Zapatero y los vicepresidentes pactaron las medidas tras ver a los empresarios

MANUEL VILASERÓ / ROSA PAZ
MADRID

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Que la evolución de los mercados haría peligrar el discurso social con el que Gobierno pretendía recuperar al electorado de izquierdas era cosa sabida desde que los inversores se cebaron la pasada semana en la deuda española. Ayer solo se dio un paso mas, doloroso, pero inevitable a ojos del Gobierno. «Ahora no es el momento del discurso social. La situación es de emergencia por los ataques que no solo recibe España, sino países que suman el 40% del PIB europeo y la prioridad era reaccionar con celeridad», explicaba ayer por la tarde un alto cargo del Gobierno, algo aliviado por el efecto balsámico de las medidas en el diferencial del bono español.

La decisión de «juntar» medidas que «ya estaban en cartera» y «acelerarlas» se fraguó el sábado pasado, según la misma fuente, tras la reunión de los vicepresidentes y el presidente del Gobierno con los empresarios. La evolución de los mercados el pasado lunes convenció a los tres que debían ejecutar este plan B de modo inmediato y el martes se acordó escenificarlo en el Congreso aprovechando interpelaciones y preguntas sobre la crisis.

Aunque no estaban a avisados, a los dirigentes socialistas las medidas no les han pillado por sorpresa. La más dolorosa es la supresión del subsidio de 426 euros para los parados que hayan agotado el periodo de prestación por desempleo, una ayuda que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quería mantener, pero que la cada día que pasaba se había hecho más inviable. La reacción de los dirigentes del PSOE es también de resignación. «Tal y como están las cosas qué vamos a hacer. No queda más remedio que acelerar las medidas para tranquilizar la economía», aseguraba ayer un barón territorial. El diputado Manuel de la Rocha, de la corriente Izquierda Socialista, confió en que se invierta «vinculadas a la participación de desempleados en acciones de políticas activas».

Los socialistas admiten que Zapatero hizo ayer lo que le estaban pidiendo la UE, el gobernador del Banco de España y los 37 empresarios que acudieron a la Moncloa: que actuara con rapidez. De hecho, los analistas atribuyen en parte el ataque a la deuda española a sus dudas sobre el grado de convencimiento del Gobierno en las medidas de ajuste y en las reformas estructurales y en su hipotético retraso.

Ahora, el peor trago es para los barones territoriales. En la reunión del Comité Territorial de hace tan sólo tres semanas, cuando parecía que los stress test de los bancos habían calmado a los mercados, le pidieron a Zapatero que amortiguara las medidas de ajuste y las reformas para evitar una confrontación social como la que desembocó en la huelga general del 29 de septiembre. Entonces, el presidente se comprometió a recomponer el consenso. Ayer los sindicatos pusieron de nuevo el grito en el cielo y no parece que las decisiones que va a tener que tomar el Gobierno para salvar la economía vayan a contentar al electorado tradicional socialista.