No dirán en serio eso de las diputaciones

Al parecer, los planes anticrisis del Gobierno del PP para la Administración local pasan por limitar el sueldo de alcaldes y regidores, reducir el número de estos y fiar a las diputaciones la gestión de una parte importante de los asuntos de los medianos y pequeños ayuntamientos.

Nada que objetar a la limitación del sueldo de los alcaldes y regidores.

Rebajar el número de concejales no garantiza en absoluto reducir costes (pues la mayoría de ellos no cobran por el ejercicio de este cargo) y, en cambio, seguro que menguará la representatividad de los ayuntamientos, lujo que no podemos permitirnos en nuestra democracia. Sería más eficaz poner límites a la suma de recursos que puede dedicar cada ente local a retribuir a sus políticos, con independencia del número de concejales que tenga.

La propuesta de atribuir a las diputaciones la gestión de buena parte de las competencias de los ayuntamientos medianos y pequeños, supongo que no irá en serio. Con pocas excepciones, las diputaciones son las administraciones más ineficientes de nuestro entramado institucional; no tienen ni de lejos el personal adecuado para gestionar servicios a la ciudadanía, y menos aún para hacerlo en multitud de pueblos y ciudades al mismo tiempo, muchos de ellos a distancias considerables de la capital provincial, que es donde suelen estar la totalidad de los efectivos humanos de la diputación. Si deben asumir este reto avanzado por el presidente del Gobierno, seguro que deberán contratar personal adecuado, con lo que esta reforma acabará incrementando los gastos locales.

Las diputaciones españolas no son elegidas por la ciudadanía ni le rinden cuentas políticamente. Ello las convierte en terreno abonado a la opacidad y al clientelismo. Herramientas eficaces para la financiación indirecta de los partidos políticos, por la vía de garantizar sueldo a políticos cesados de otros cargos o a liberados de los partidos, en una cantidad a menudo tan notable que me sorprende que no haya sido motivo de crítica por los medios de comunicación (que no lo haya sido por los partidos políticos es comprensible, pues a todos les va muy bien esta situación). Con estos antecedentes, darles mayor protagonismo en la gestión de servicios municipales raya en lo delirante, y me temo que así se verá desde Europa.

Si realmente le preocupa al Gobierno la reducción de costes de la Administración local, tiene un remedio mucho más eficaz: suprimir las diputaciones, que no hacen más que duplicar tareas de las comunidades autónomas, con mucha menor responsabilidad política y, por ende, también con menos eficiencia. Esa sí que sería una reforma seria, que permitiría un ahorro notable de los gastos de la Administración local, aparte de una mejora obligada en transparencia del sistema político.