El Periódico

La derogación de la reformal laboral supone volver al modelo vigente en el 2010

La propuesta del PSOE busca devolver el protagonismo a la negociación colectiva

Sánchez no cambia la indemnización por despido pero recupera el control administrativo en los ERE

La derogación de la reformal laboral supone volver al modelo vigente en el 2010

AGUSTÍN CATALÁN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, este jueves antes de su reunión con expertos contra la violencia de género. 

Sábado, 13 de febrero del 2016 - 18:04 CET

La derogación de la reforma laboral, que ha propuesto el PSOE en su programa de Gobierno, apenas ha levantado inquietud entre los actores del mercado laboral, sean sindicatos (que la aplauden), empresarios (que han decidido adaptarse a lo que venga) o los abogados laboralistas (que utilizarán los instrumentos legales que tengan). Aunque se desconoce aún el mecanismo que emplearán los socialistas, la vía del decreto ley es una de las posibilidades, pero en ningún caso se produciría un vacío legal ya que se volvería a las reglas de juego existentes antes del 2010, fijadas por los propiso socialistas.

La reforma laboral socialista del 2010 y la reforma del PP del 2012

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En los últimos años han sido muchas las sentencias de los tribunales que han aclarado no solo las lagunas de la ley, sino que han sentado doctrina, en algunos casos contradictoria, con el espíritu de la reforma, que no ha sido otro que el de dar alas a los empresarios en las relaciones laborales y eliminar los controles, incluidos los administrativos y judiciales.

Las decisiones de los jueces han servido, entre otras cosas, para limitar la rebaja de la indemnización por despido improcedente al tener en cuenta un cálculo distinto según la antigüedad y han pedido más concreción a las empresas a la hora de justificar el ajuste de plantilla por razones económicas. Además, han declarado nulos algunos expediente de regulación de empleo (ERE) por inconcreción en las causas y que han obligado al Gobierno actualmente en funciones a hacer aclaraciones vía reglamento.  

RECUPERAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los cambios tienen que ver con la recuperación del protagonismo de los sindicatos y la patronales al pactar flexibilidad

Los cambios propuestos tienen que ver con la recuperación de la negociación colectiva y del papel de los sindicatos y las patronales a la hora de pactar la flexibilidad en las empresas. En  ningún caso se pone en cuestión el abaratamiento del despido colectivo, que quedó fijado en 20 días por año con un límite de 12 mensualidades en la reforma del 2010 cuando era presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que mantuvo la reforma del 2012 de Mariano Rajoy.

Pese a que Podemos ha querido ir más allá que el PSOE y ha defendido la derogación de las dos reformas, lo cierto es que solo hay una, la del 2012, que además es una reforma del Estatuto de los Trabajadores y de otras leyes. Lo que hace la modificación del 2012 es poner en negro lo que la del PSOE puso en gris”, opina Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en economía laboral, habitual colaborador del colectivo Fedea.

Volver a dar preeminencia al convenio colectivo de sector frente al de empresa, mantener y ampliar la vigencia de los convenios (entre 12 y 18 meses) cuando hayan caducado y ambas partes acuerden negociar el nuevo -la llamada ultraactividad- y supresión de los descuelgues –inaplicación de todo o parte del convenio unilateralmente por parte del empresario-, son las propuestas calificadas como urgentes y que afectan de lleno a la reforma laboral.

CALIDAD EN EL EMPLEO

El programa de Gobierno del socialista Pedro Sánchez también cataloga como inmediatas las medidas para mejorar la calidad del empleo. Entre ellas figuran: recuperar la razonabilidad de las causas del despido, restablecer el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo en los convenios colectivos que deberá pronunciarse expresamente sobre la caída alegada por la empresa, suprimir el contrato de emprendedores, cambiar los contratos a tiempo parcial y regular las horas extras de estos en los convenios, no mediante el acuerdo individual entre trabajador y empresa, y evitar la desigualdad de salarios entre los trabajadores de una empresa y los empleados por subcontratas bajo el principio de a igual trabajo igual salario.

El impacto de los cambios será limitado porque ya se han hecho retoques a golpe de sentencias judiciales

El impacto de anular estas medidas en vigor no será importante, según los medios consultados, que recuerdan que ya se han hecho retoques y ajuste obligados por las sentencias judiciales y por los acuerdos en paralelo de los agentes sociales. Este es el caso de la ultraactividad de los convenios que fue objeto de pacto en mayo del 2013.

MENSAJE SIN MATICES

“En época de elecciones no caben mensajes muy matizados ya que se trata de atraer el voto con promesas llamativas que parecen la panacea, sobre todo después del sufrimientos de mucha gente por la crisis”, afirma Jansen, que entendió posteriormente la propuesta de Pedro Sánchez como un intento de derogar medidas “que yo podría considerar excesivas”, entre las que cita la posibilidad del despido libre y gratis del contrato de emprendedores.

Este experto no comparte ni la idea del cambio ni el contenido del mismo ya que “es volver a la situación anterior” con una “recentralización” de la negociación colectiva y volver al laudo administrativo en caso de desacuerdo entre sindicatos y empresarios. “Volvemos a la rigidez y eso es una muy mala noticia”, afirma Jansen. En su opinión, antes de las reforma se reaccionaba tarde a las crisis y después de ésta “hemos recuperado algo  más de un tercio del empleo destruido”.

Nuevo Estatuto de los Trabajadores en un año

Más allá de la derogación urgente, el PSOE propone un nuevo marco general de relaciones laborales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que es algo así como la constitución que rige el mundo laboral. El actual fue aprobado en 1980 y ha sido retocado en más de treinta ocasiones. El programa socialista señala que el futuro Gobierno “impulsará” la negociación entre los interlocutores sociales para que en el plazo de un año se apruebe una nueva norma.

Para el futuro estatuto se proponen medidas sobre los contratos que serán tres: indefinido para cubrir puestos estables; temporal para este tipo de empleo y el de relevo y formación para las nuevas incorporaciones que afectará sobre todo a los jóvenes.

Los contratos temporales no deberán tener una duración superior a un año, aunque en la negociación colectiva se puede prolongar hasta dos.

Se propone penalizar, vía incremento de las cotizaciones sociales, a las empresas que abusen de los contratos temporales así como un plan para reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El programa socialista incluye un plan de choque para colocar a los parados de larga duración y el aumento de los presupuestos de las políticas activas de empleo.

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