DERECHO BÁSICO

Otra vez la vivienda

Algunos analistas inmobiliarios lamentan los años perdidos sin fomentar el alquiler

Manifestación por el derecho a la vivienda en Barcelona.

Manifestación por el derecho a la vivienda en Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

Josep-Maria Ureta / Barcelona

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¿Cómo va la vivienda? Según qué páginas se consulten de un diario tradicional o su prolongación digital. Va muy bien, dicen los constructores que recuperan pedidos de nueva obra, repiten los promotores que consiguen recuperar la rentabilidad perdida hace una década y celebran, incluso, los captadores de nuevos inquilinos. Todas estas informaciones las proporciona este diario, como corresponde, en sus páginas de economía. Unas páginas después, el lector puede encontrar también crónicas y sucesos sociales que ponen a la vivienda como nuevo eje de conflicto por sus precios de alquiler, ya no de compra, y todo el capítulo de confusión entre desahucio y lanzamiento, que no son los mismo según la ley española, unos no pagan alquiler, y los otros, la hipoteca.

Hasta aquí, recuperamos, como requiere el modelo de crecimiento español basado en cemento y turismo, la senda exitosa de hace 50 años, y cada vez menos preocupada por la pérdida del peso de la industria, interrumpido con pavor en el 2009, y celebrado desde hace un par de años.

Pero mientras los redactores de la sección de economía del diario siguen, con pulcritud, los datos de recuperación del sector de la vivienda, los de sociedad advierten de que, gracias a unas leyes promulgadas (mayoría absoluta) por el PP para reducir el tiempo del alquiler, o proteger los derechos del inversor frente al usuario de la vivienda, han tenido como consecuencia una grave crisis social, económica y de alcance aún indeterminada en la ciudad de Barcelona. Y ya ha contagiado a toda el área metropolitana. Cualquier anuncio de piso de compra o alquiler, valga como ejemplo, ya no destaca ni metros cuadrados ni estado de la vivienda, ni siquiera opción de aparcamiento: ahora prima la estación de metro cercana.

En lo inmediato, vale la pena releer el boletín periódico (número 78) de Immobilaria Amat en que introduce, discretamente, una advertencia que debería activar más alarmas de las que se han disparado hasta ahora, la seguridad jurídica de quienes poseen un piso, que ya ha desplazado a la preocupación anterior de proteger a quienes lo ocupan. Cuando las hermanas Joana e Imma Amat (Fincas Amat), un referente imprescindible en el análisis de la evolución de la vivienda en la metrópoli de Barcelona, escriben entre admiraciones que "¡nos preocupa muchísimo la cuestión del alquiler!", o que a los gobernantes catalanes "¡les pasó por delante la posibilidad de promover el alquiler y no la aprovecharon!", hay que concluir que regresamos a donde estábamos hace menos de una década en materia de garantía de un bien básico y de accesibilidad universal según garantiza la Constitución española en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".  El mismo artículo exige que los gobiernos garanticen este derecho "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

La Constitución

Pues sí, la Constitución debería estar vigente también en este artículo tan clarividente por parte de quienes la redactaron; y por si a algunos progresistas de nuevo cuño y magra memoria se les olvida, entre los redactores se encontraban gente más letrada y leída que los actuales tribunos de la plebe.

¿Hay burbuja? Sí. ¿Pudo evitarse? No. El boletín de Immobiliaria Amat propone una pista que merece desarrollo, los efectos de la inseguridad jurídica, fruto de una falta de convicción de los reguladores del mercado del suelo y sus consecuencias. Quien tiene un piso por alquilar, ante el pavor de que se lo ocupen sin que actúen, como se espera de ellos, administraciones y jueces, lo pone en el mercado a precios desorbitados bajo el principio de pájaro en mano y resignado a que hasta el inquilino más solvente acabe cayendo en la tentación de ser moroso.

Así se llega, por desconfianza ("inseguridad jurídica"), a la formación de los actuales precios de alquiler. Y ya es y será dominante que el precio de la vivienda sea, desde Barcelona hasta donde lleguen sus líneas de cercanías, lo que ya se mide en tiempo y no en distancia.

Otro fracaso constitucional.