Ni con el año extra dado por Bruselas a España para que cuadre las cuentas públicas el Gobierno de Mariano Rajoy está logrando sus objetivos. El Estado registró un déficit de 48.517 millones de euros hasta julio en términos de Contabilidad Nacional, el 4,62% del PIB, lo que supone un aumento del 25,8% en comparación con el año pasado.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ayer en Madrid. EFE / GUSTAVO CUEVAS

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 22 de la sección de Economía de la edición impresa del día 01 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

PDF

.PDF

Según los datos ofrecidos ayer por la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, la cifra de déficit supera el nuevo límite anual que ha asumido el Estado (4,5% estatal y 6,3% para el conjunto de las administraciones públicas) tras el acuerdo con Bruselas. Sin embargo, para el Gobierno tiene una explicación: Currás destacó que la culpa de las cifras negativas la tienen las transferencias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, entre otras administraciones. Sin estas, el déficit se situó en el 4,12% del PIB. «Estamos en la senda de convergencia exigida con Bruselas», afirmó.

La secretaria de Estado explicó que la liquidación definitiva del sistema de financiación de las administraciones territoriales ha supuesto para el Estado un gasto de 9.130 millones, 0,9 puntos de PIB, por las mayores transferencias. Esta liquidación, según Currás, produce una «distorsión» en la composición de los ingresos que complica la comparación con otros ejercicios. Currás destacó que mientras los ingresos tributario del Estado se han reducido, como consecuencia de esa liquidación, en 25.089 millones de euros, los ingresos no impositivos aumentaron en 25.816 millones.

ESPERAR A DICIEMBRE / «El déficit es un objetivo anual, por lo que el saldo registrado hasta julio no deja de ser una referencia», dijo Currás. De hecho, la secretaria de Estado de Presupuestos afirmó que existen «muchas razones» para poder garantizar un resultado «coherente» con la senda comprometida. «No podemos relajarnos ni lo vamos a hacer, nuestro compromiso es firme», remarcó. También garantizó que el efecto de la mayor parte de las medidas de consolidación fiscal se notará en el último trimestre del año.

El déficit hasta julio fue consecuencia de unos pagos que se situaron en 100.694 millones de euros, un 9,8% más, mientras que los ingresos sumaron 52.177 millones (el 1,8% menos). El conjunto de los ingresos no financieros, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales en el IRPF, IVA e impuestos especiales, sumó 133.810 millones hasta julio, el 28,1% más. Mientras, los ingresos de impuestos ascendieron a 95.663 millones, un 1,1% menos, y el resto de ingresos no financieros alcanzó los 38.147 millones (7.754 millones un año antes). La recaudación por impuestos directos subió un 5,3% (53.447 millones), mientras que la recaudación por impuestos indirectos alcanzó los 42.216 millones (8,1% menos). Los ingresos por impuestos especiales descendieron un 5,9%.

Por figuras, la recaudación por

IRPF creció un 2,3%, hasta los 45.007 millones. En el caso del impuesto de sociedades, los ingresos aumentaron un 23,8% y sumaron 5.895 millones por el aumento de los pagos fraccionados y de las retenciones de capital mobiliario.

En el capítulo de gastos, la secretaria de Estado de Presupuestos destacó que los pagos no financieros se situaron en 99.156 millones de euros entre enero y julio (20,9% más) frente al mismo periodo del 2011, por el pago por transferencias corrientes, que subieron un 25,9%, a autonomías y Seguridad Social (57.173 millones).

LA DEUDA / Además, los gastos financieros aumentaron un 115,9%, hasta los 20.030 millones de euros, condicionados por el incremento de la deuda pública, el progresivo aumento de los tipos de interés y el calendario de vencimientos.

Mientras, el pago de personal creció un 0,4%, hasta 15.721 millones de euros, debido principalmente al aumento de las prestaciones sociales, al tiempo que se reducen tanto las cotizaciones y gastos sociales como el sueldo y los salarios del personal activo.