La Defensora del Pueblo insta al Gobierno a recuperar los fondos sobrantes de formación

La Defensora del Pueblo ha pedido al Ministerio de Empleo que tome medidas para incluir en los Presupuestos los remanentes de los fondos de formación de los últimos años y subraya el carácter finalista que debe tener la cuota de formación.

De esta forma, la institución que preside Soledad Becerril da la razón a la patronal catalana Cecot en una cuestión planteada en el 2015 a la que se sumaron otras organizaciones empresariales y el sindicato CCOO, sobre el carácter finalista de la cuota de formación profesional y el uso de sus fondos que salen del 0,7 % de la base salarial de cada afiliado a la Seguridad Social.

FINANCIAR PRESTACIONES

En línea con lo planteado, la Defensora recomienda al Ejecutivo destinar los ingresos provenientes de esta cuota a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo. Esta ha sido una petición planteada desde hace tiempo por los agentes sociales ante la sospecha de que el dinero sobrante de la formación se destinaba a otros asuntos, entre ellos, a reducir el <strong>déficit </strong>del sistema o a pestaciones por desempleo.

Cuando presentó la demanda Cecot estimó que en los últimos cuatro años (2012-2015) el Gobierno destinó más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir prestaciones y formación para trabajadores en paro.

En los presupuestos generales del Estado del 2012 ya se produjo una importante reducción--más de 30% del gasto dedicado a la financiación del subsistema--, para destinar una parte de los ingresos de la cuota de formación profesional a otros fines. En 2013, de los 1.860 millones de euros que el Gobierno recaudó a través de la cuota de formación profesional, 1.059 millones fueron destinados a otras finalidades diferentes de la formación de los trabajadores ocupados.

RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS

Con su resolución la Defensor del Pueblo obliga a Empleo a que los remanentes de crédito provenientes de la cuota de formación, lo que se ha quedado sin gastar algunos años, se incorporen a los Presupuestos "tramitando los expedientes de modificación" pertinentes.

El Ministerio de Empleo ya contestó a la Defensora del Pueblo a finales del año pasado sobre este tema con un informe en el que explicaba que los posibles ingresos sin gastar de esta partida entre el 2012 y el 2014 están en el remanente de tesorería del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se podrán usar para financiar posibles déficit "sin que deba existir vinculación" a un fin concreto.

Con este argumento Empleo se ceñía al principio general de desafectación de la Ley General Presupuestaria, es decir que los ingresos forman un fondo único para cubrir gastos, y que hasta el 2015 no se aprobó un nuevo real decreto ley en el que se recogía la posibilidad de que el dinero no gastado se pasase a los siguientes ejercicios.

DINERO EN TESORERÍA

Empleo detallaba que en el 2015 se quedaron sin gastar 273 millones, de los que 33 millones se destinaron a la convocatoria del 2016. El resto, 240 millones, pasó al remanente de tesorería.

Con esta recomendación de la Defensora del Pueblo, esos 240 millones --toda vez que ya estaba en vigor la normativa del 2015-- tendrían que destinarse a esta finalidad de forma obligatoria y no dejarse a elección del Gobierno.

El Ministerio de Empleo deberá ahora dar respuesta a estas recomendaciones.