Corregir los errores del pasado reciente

El ritmo de la actividad económica está determinado, en primera instancia, por el comportamiento de la coyuntura macroeconómica, un factor que se puede considerar exógeno. Sin embargo, dentro de las regiones y los estados encontramos localidades que se adaptan mejor a las diversas fases del ciclo económico, especialmente en situaciones de recesión. Un trabajo sobre el impacto de la crisis en los municipios españoles lo evidencia con claridad: entre los que mejor han resistido la recesión encontramos bastantes del País Vasco, mientras que las localidades del arco mediterráneo -una macrorregión con un PIB per cápita superior a la media- han sido más vulnerables que las de la España interior y atlántica.

Hay que plantearse, pues, el papel de las acciones puestas en marcha desde el mundo local para contribuir al desarrollo económico. Desde la perspectiva de los poderes públicos, disponer de recursos puede ser un elemento favorecedor del dinamismo económico, como el caso del País Vasco parece sugerir. Y aquí conviene recordar que los recursos públicos destinados directamente a la promoción económica local -País Vasco aparte- constituyen una parte muy escasa de los presupuestos municipales. Y con este condicionante no podemos esperar gran cosa en cuanto a su impacto en la evolución de la actividad económica, pero si una cierta capacidad para favorecer iniciativas a pequeña escala.

En España, antes de la crisis, los generosos presupuestos municipales permitieron que los ayuntamientos se embarcaran en una política expansiva de gasto muy orientada al corto plazo, pensando más en el ciclo electoral que en sus necesidades reales, y a menudo sin evaluar los costes, en forma de hipotecas futuras. Son años en los que florecen equipamientos municipales, polígonos industriales y, con un mayor grado de sofisticación, parques empresariales.

Estas actuaciones no pocas veces se llevan a cabo sin un examen riguroso de sus consecuencias antes de emprenderlas. Y esto quiere decir no solo haber identificado la necesidad sino también realizar una evaluación de la inversión con criterios de rentabilidad social. Esta falta de análisis ex ante ha sido la causa de no pocas decisiones erróneas por parte de los poderes públicos locales, una situación que se ha hecho patente en el periodo recesivo cuando muchos ayuntamientos se han visto obligados a gestionar (y a veces a cerrar) infraestructuras municipales cuyo mantenimiento detrae recursos que hay que dedicar a otras necesidades. Olvidar que la coyuntura económica puede cambiar y no considerar que una inversión comporta de manera indefinida un gasto corriente es la causa de bastantes de los problemas de hoy, como pondría de manifiesto cualquier análisis ex post.

Para evitar errores es imprescindible tener en cuenta una premisa básica en el ámbito de las políticas públicas locales: la necesidad de disponer de una demanda mínima para llevar a cabo determinadas actuaciones. Si no existe, parece más razonable mancomunar la inversión y el mantenimiento del servicio. Del mismo modo que es poco eficiente y socialmente muy costoso que localidades por debajo de un determinado umbral de población dispongan de un teatro, un pabellón deportivo o un polígono industrial, también lo es que cada municipio cuente con un servicio de promoción económica -por así decirlo, un Barcelona Activa en pequeño-, pues conlleva una duplicidad de los servicios que se ofrecen (bolsa de trabajo, cursos de formación), que solo pueden tener un carácter muy básico. Una actuación mancomunada permitiría superar esta limitación y aumentar la calidad de las prestaciones, con más posibilidades de incidir en la actividad económica del territorio. Tan sencillo en teoría y, al parecer, tan difícil en la práctica, como sustituir la competencia por la cooperación.

Además de corregir deficiencias, los poderes públicos deberían tener en cuenta otros aspectos a la hora de implementar las actuaciones de promoción económica. Una pauta general es evaluar los resultados de la promoción económica local en función de los insumos utilizados en lugar de hacerlo a partir de los resultados obtenidos. Así, se considera un éxito, por ejemplo, un aumento en el número de cursos realizados o de consultas atendidas, cuando lo que debería medir es el número de nuevas empresas constituidas o los puestos de trabajo creados. Introducir este criterio es una de las tareas pendientes en este ámbito.

Política de acompañamiento

Otro aspecto obvio, a menudo olvidado, es que las actuaciones a nivel municipal deben partir de un adecuado conocimiento de la estructura productiva y empresarial de la localidad y deben responder a necesidades específicas, rehuyendo cualquier mimetismo. Recordemos que la creación de empresas y la mejora de la competitividad de las ya existentes es lo que garantiza el futuro de un territorio, y que estas acciones corresponden principalmente al sector privado. La función de los poderes públicos es llevar a cabo una política de acompañamiento proactiva y por eso es importante concertar con los agentes económicos locales (cámaras de comercio, asociaciones empresariales, sindicatos) las actuaciones a emprender.

Es cierto que los recursos que los poderes públicos locales pueden destinar a la promoción económica son limitados. Pero también lo es que una cuidadosa gestión de los mismos permitiría alcanzar mejores resultados. Los ayuntamientos pueden incidir indirectamente en la economía del municipio mediante el ordenamiento urbanístico (han sido, precisamente, el primer eslabón de la burbuja inmobiliaria) y las consecuencias de este ordenamiento se han puesto de manifiesto, en muchos casos, los últimos años. Sin duda es importante plantearse qué se puede hacer desde el mundo local para impulsar la actividad, pero el punto de partida debería ser corregir los errores del pasado reciente.