Consumidor eléctrico único

Una directiva europea permite, desde el año 2009, que las zonas geográficas muy pequeñas, con grandes industrias e infraestructuras muy interrelacionadas tengan redes cerradas de distribución eléctrica. Muy simplificadamente: que actúen como una especie de consumidor único. Así, aunque gasten lo mismo que por separado, se ahorran los peajes eléctricos y la factura final baja entre el 15% y el 20%.

 Es un modelo especialmente interesante para la industria química, cuyos costes energéticos suponen alrededor del 40% del total. Más aún para la tarraconense, dominada por multinacionales que compiten en desigualdad de condiciones con filiales europeas que sí lo aplican. Sin embargo, en España está prohibido porque no ha transpuesto esta directiva 72/2009.

Ahora, un frente común de la Generalitat, la patronal química AEQT las instituciones y los agentes económicos de Tarragona han impulsado un proyecto de ley para conseguir este modelo en “el que nadie pierde”, ha resumido el 'conseller' de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget tras una reunión en el Ayuntamiento de Tarragona.

CONVENCER AL GOBIERNO

Baiget ha detallado que han analizado las redes cerradas de países como Alemania, Italia o Bélgica y que, tras consensuarlo, el Departament ha redactado ya el texto de la proposición de ley. Ahora se trata de “convencer al gobierno español de sus beneficios”, asegura Josep Francesc Font, responsable de Repsol en Tarragona y director de la patronal Asociación Empresarial Química de Tarragona.

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En la reunión para explicar esta propuesta, han participado los diputados y senadores por Tarragona, excepto los del PP, que se han excusado.

La proposición de ley impulsada este lunes plantea que la normativa eléctrica española incluya una definición de redes cerradas, determina que los ingresos y gastos que generan quedan excluidos del sistema eléctrico, establece que su supervisión corresponde a las autonomías, y emplaza a la elaboración de un reglamento que detalle su funcionamiento en aspectos como la figura del gestor o la propiedad de los activos.

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC) ha enfatizado que "no perjudica a las eléctricas, ni tiene efectos negativos sobre el presupuesto ni en ingresos ni en gastos" por lo que, confía, "difícilmente puede ser vetada por parte del Gobierno español".

No obstante, Baiget ha recordado que existe una larga lista de desencuentros entre la Generalitat y el Ejecutivo español sobre el modelo energético, por lo que no se puede dar hecho un acuerdo.