El Constitucional paraliza el impuesto catalán a los depósitos bancarios

El Tribunal Constitucional ha paralizado la aplicación del impuesto catalán sobre los depósitos bancarios. El pleno del alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por le Gobierno central. En su recurso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que produce la suspensión automática de la ley impugnada.

La Conselleria de Economia empezó a exigir el gravamen a las entidades en octubre pasado, consciente de que estas lo impugnarían, dada la situación jurídica del mismo. El Ejecutivo catalán preveía ingresar 670 millones de euros por el gravamen. La base imponible del impuesto (sobre la que se aplica el gravamen) son 184.690 millones de euros que había en depósitos en las entidades financieras con oficinas en Catalunya en el 2013, según los cálculos de la Conselleria de Economia. El tipo que se aplica es del 0,3% hasta 150 millones de euros; del 0,4% entre 150 y 600 millones; y del 0,5% para más de 600 millones.

La vida de este impuesto ha sido rocambolesca. El Govern de CiU lo creó a través de un decreto pactado con ERC en diciembre del 2012. Una semana después, el Ejecutivo central hizo lo propio y estableció un tipo cero para delimitar la base imponible y cerrar la puerta a que Catalunya y otras comunidades pudieran crearlo. En enero del 2013 recurrió el tributo catalán ante el Constitucional, que en mayo levantó la suspensión cautelar que pendía sobre el mismo. Como consecuencia de ello, el Govern aprobó la ley de creación del impuesto y también impugnó el creado por el Ejecutivo central.

El 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell, optó por delimitar claramente la recaudación que puede significar el tributo, regulándolo, en otoño pasado después de que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión cautelar del tributo y la ley se mantuviera vigente.

Una vez tomada la decisión por el alto tribunal, el tributo queda paralizado y el Govern cuenta con una cantidad de referencia que reclamar como compensación al Ejecutivo central.

En julio pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy fijó el gravamen del tributo estatal en el 0,03%, con el que se esperaba recaudar 375 millones en toda España. Es una suma muy inferior a la prevista antes con un tipo del 0,2% y que hubiera supuesto unos 2.500 millones y, por tanto, una cantidad más acorde con las expectativas de las autonomías.