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El Congreso acepta tramitar el CETA sin pasar por el Constitucional

Dastis dice que el Acuerdo entre Canadá y la UE plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales"

El Congreso acepta tramitar el CETA sin pasar por el Constitucional

Chema Moya

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, defendiendo el CETA en el Congreso.

AGENCIAS / MADRID

Jueves, 18 de mayo del 2017 - 11:14 CEST

El debate, promovido por Podemos, de la enmienda a la totalidad contra en el Congreso contra el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA), así como la exigencia de un dictamen previo de la constitucionalidad de este acuerdo se ha saldado con el rechazo de la enmienda al no lograr Podemos la mayoría suficiente.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido en el Pleno que este acuerdo plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales". En su intervención durante el debate de totalidad de este tratado comercial, ha pedido a la Cámara que dé una "valoración positivo" para no demorar su ratificación, posicionándose "en favor de una Europa más y mejor integrada". Asimismo, ha pedido rechazar el llamamiento de Unidos Podemos para examinar en el Tribunal Constitucional la compatibilidad del acuerdo con la Carta Magna.

Dastis ha recordado que la Unión Europea es el segundo socio comercial de Canadá, y que en virtud del acuerdo las empresas podrán tener "el mismo trato o mejor, que competidores como Estados Unidos". En este sentido, ha señalado que la cercanía de este último país con Canadá convierte el acuerdo en "una magnífica plataforma" para el acceso a este mercado.

500 MILLONES MENOS PARA EL PAGO DE ARANCELES

Respecto a qué beneficios reportará la entrada en vigor del acuerdo, el ministro ha destacado que el 99% de las líneas arancelarias se eliminarán para los productos industriales, y que en todo caso se recoge protección para productos agroalimentarios "especialmente sensibles".

Según datos de la Comisión Europea expuestos este jueves por el ministro, las compañías europeas se beneficiarán de una reducción de 500 millones de euros cada año por la eliminación de aranceles.

Dastis ha reconocido que el tratado se rige por "un amplio principio de liberalización general" pero que también se contemplan "medidas y reservas" para servicios que, ha asegurado, "no se verán afectados por el tratado", como los de la Educación, Sanidad, políticas sociales, suministro de agua potable y los monopolios públicos.

Por otro lado, el titular de Asuntos Exteriores ha querido destacar la "mejora" que, a su juicio, se establece en el acuerdo para la resolución de conflictos entre inversores y el Estado y ha recordado que los sistemas de arbitraje se vienen incorporando en los acuerdos bilaterales de protección de inversores desde 1991 "sin que nadie dudara de su compatibilidad" con la legislación española.

PODEMOS NO LOGRA MAYORÍA PARA LLEVARLO AL TC

Para defender su enmienda a la totalidad, el portavoz de Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, ha lamentado que aún no exista un informe "fiable" sobre el impacto que tendrá este tratado, ni tampoco se haya dado "un debate público riguroso" sobre el tratado.

Asimismo, ha denunciado que tanto procesos de remunicipalización como los impulsados en varios ayuntamientos del país como subidas del salario mínimo podrían ser denunciadas por empresas en virtud de este acuerdo, por ser medidas susceptibles de ser consideradas como "un obstáculo" al comercio.

Frente a esta postura, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado su rechazo al libre comercio, argumentando que para Unidos Podemos el problema no es el CETA, sino los tratados comerciales de la propia UE. "¿Quién puede temer el comercio? Los enemigos históricos del comercio son los que han temido el cambio", ha dicho.

"España ya pasó 40 años de autarquía y de dictadura. Y si hay algún país en el mundo con el que España puede firmar un tratado de libre comercio, es Canadá", ha apostillado Rivera, que ha pedido al Gobierno ser "proactivo en el librecomercio".

Durante el debate sobre la cuestión previa de constitucionalidad, Unidos Podemos únicamente ha logrado recabar el apoyo de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu, que han pedido un "cambio de paradigma" en la economía y han expresado sus dudas sobre los beneficios del mismo.

PSOE: "LA IZQUIERDA NO ES PROTECCIONISTA NI NACIONALISTA"

Una postura especialmente criticada por la diputada socialista Soraya Rodríguez, que ha argumentado que "la izquierda no es proteccionista ni nacionalista", y ha advertido a estos grupos que, con su postura "les pasa por la izquierda Trump, Le Pen y todo el populismo que recorre Europa".

Rodríguez ha criticado que el debate se haya centrado en "postverdades" y no en el contenido del mismo que, a su juicio "beneficia a la ciudadanía de la UE y de Canadá". Así, ha alabado que las empresas europeas puedan competir en contrataciones públicas canadienses y que, respecto a la protección de derechos laborales, los norteamericanos hayan suscrito siete de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habiéndose comprometido a suscribir el octavo.

También ha recelado de los argumentos sobre el beneficio a las multinacionales el PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban, ha aseverado que estos grandes conglomerados "no necesitan este tipo de tratados". "Ya tienen recursos para acceder sin problema a estos mercados", ha dicho, subrayando que, con el acuerdo, "ninguna administración se verá forzada a privatizar".

Por su parte, el 'popular' José Ramón García Hernández ha ironizado que a Unidos Podemos no le bastaran para resolver sus dudas sobre el impacto del CETA las estimaciones de la Comisión Europea, que prevé, ha dicho, una creación de empleo como consecuencia de su ratificación de 32.000 puestos de trabajo.

Asimismo, ha criticado la decisión del grupo confederal de someter a votación la posibilidad de llevar examinar la constitucionalidad del CETA, argumentando que Podemos "utiliza cualquier pelota de tenis que cae en el jardín para atacar el orden constitucional de 1978".

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