El conflicto laboral de los estibadores afecta ya al Puerto de Barcelona

El conflicto laboral en los puertos españoles empieza a notarse. Incluso antes de convocarse oficialmente la huelga (ya prevista para el 20, 22 y 24 de febrero) contra el nuevo marco legal del Gobierno, las tareas de carga y descarga en el Puerto de Barcelona empezaron este miércoles a sufrir las consecuencias al realizarse a un ritmo más lento de lo previsto. Los estibadores se oponen a la reforma que ultima el Ministerio de Fomento para romper el control que este colectivo tiene del sector encargado de cargar y descargar los barcos, esto es, de gestionar las mercancías que entran y salen de España por mar. El colectivo de estibadores en España lo componen del orden de 6.000 trabajadores, actualmente concentrados en las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep).

El Ministerio de Fomento prevé articular un plazo de tres años para que paulatinamente desaparezcan estas sociedades y las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, todo como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La policía portuaria intentaba por la mañana acelerar el tránsito de camiones en la instalaciones, aunque el ritmo de trabajo de carga y descarga se ha visto afectado por las asambleas. Fuentes del Puerto reconocieron que si los procesos de estiba se ralentizan, el tráfico marítimo podría llegar a verse afectado. Las reuniones en las firmas que gestionan las terminales sucedieron a las asambleas en las terminales de contenedores, como APM Terminals y BEST. La tensión se palpa en el ambiente ante las posiciones difícilmente reconciliables.

EL MARCO ACTUAL

Hasta el momento, el marco legal español obliga con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), con regulación laboral propia, y a no recurrir al mercado para contratar su propio personal. La UE insta a que las empersas no estén bajo un mismo convenio coletivo y puedan establecer sus propios criterios de remuneración.

Los proyectos desreguladores chocan de frente con el deseo de los trabajadores del sector a mantener sus salarios en unos momentos de buenos resultados económicos a los que consideran han contribuido de manera directa con su trabajo. Pero el sector de puertos es fundamental de la economía, ya que canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país, por lo que el Gobierno considera estratégica una posible rebaja de los costes para los operadores portuarios y sus clientes. 

PREVISIONES

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha aliado con la denominada Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), el ‘lobby’ que agrupa a las principales concesionarias de terminales (Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé) en el objetivo de liberalizar el sistema actual de contratación de trabajadores para la carga y descarga de barcos. Esa medida tendría un efecto positivo sobre la economía española de hasta 2.400 millones de euros, el 0,22% del producto interior bruto, según las cifras que blande Fomento. Según un informe de la consultora PwC encargado por Fomento la rebaja salarial posible en un escenario de liberalización en las contrataciones podría ser de hasta el 60%. Esa rebaja supondría considerar al estibador un operario semiespecializado equivalente a los existentes en el sector de la construcción, con salarios inferiores a los 30.000 euros anuales con condiciones de peligrosidad equivalentes.

Desde el ministerio precisan que el cambio se debe a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de la que aún se deben 21,5 millones. Si se incumple caería un segundo fallo que supondría el pago de 134.000 euros por día de incumplimiento, según los mismos portavoces. 

DESTROZO LABORAL

El principal sindicato del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y el resto de formaciones con representación entre este colectivo (CCOO, CIG y CGT) están dispuestos a plantear una férrea oposición al nuevo marco legal y al "destrozo laboral" que supondría. Acusan al Gobierno de querer dirigir los beneficios del sector a las empresas y no a los trabajadores.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, Asesco, que conforma la patronal del sector ha manifestado su "apoyo expreso" a la reforma del marco legal "en cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del TJUE. 

RIESGO DE LOS RECORTES

En unos momentos de buenos resultados de los puertos españoles, con tasas de rentabilidad del 20%, el plan del Gobierno quiere aprovechar para desregular la actividad y abaratar los costes de funcionamiento, principalmente los laborales. Menos costes salariales y más flexibilidad son las premisas de un futuro que choca frontalmente con la situación actual, de salarios altos y elevada especialización. En el sector se teme que la precarización pueda desesembocar en más accidentes laborales, actualmente en tasas contenidas pese a la indudable peligrosidad de la actividad.

DESPIDO GENERAL

La llama del conflicto laboral se ha encendido ya en los 46 puertos españoles, que según los sindicatos se convertiría en el despido de los actuales trabajadores, tras un periodo de paz social y eficiencia que ha contribuido a conseguir los buenos resultados actuales tras los años de crisis.