Competencia destapa una gran trama en la recogida de residuos

La existencia de prácticas de manipulación del mercado en muchos ámbitos de la economía española es "obvia, lo difícil es demostrarlo". Así lo reconocían ayer fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras anunciar una de las actuaciones contra este tipo de comportamientos más importantes de las realizadas en el país. El organismo ha sancionado con 98,2 millones de euros, una de las multas más altas, a 39 empresas y tres patronales de gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón, y saneamiento urbano (recogida de basura, limpieza viaria y saneamiento de aguas).

Entre ellas figuran grandes grupos constructores y de servicios, como ACS (23,2 millones), FCC (16,8 millones), Sacyr (15,2 millones) y Ferrovial (13,6 millones), además de la empresa familiar Saica (5,3 millones). Estas cinco grandes del sector suponen cerca del 75% de la multa.

De Catalunya, además del caso de FCC, figuran compañías como Cespa (filial de Ferrovial), Hera Tratesa, TMA, Tradebe, Ecoimsa, Amboil, Rua Papel, Sebastià Llorens, Alianplast, Recuperación de Pedreres y Trisa (controladas por FCC), Marcel Navarro y Griñó Ecològic, además de la Associació Catalana d'Empreses de Serveis de Residus (ACESER) y firmas de otras comunidades con instalaciones catalanas, como la vasca Recypilas y la madrileña Irmasol.

AÑOS

Las empresas implicadas llevaban a cabo desde hace años (en algunos casos, 1999) una "práctica concertada global de reparto del mercado", mediante la cual se respetaban los clientes públicos y privados respectivos, se repartían los nuevos clientes y las licitaciones de los ayuntamientos, e intercambiaban información comercial sensible (clientes, ofertas presentadas a estos,...), además de usar las patronales para coordinarse.

La operativa no estaba centralizada, pero sí muy extendida geográficamente, con un buen número de casos destapados en Madrid, Sevilla, Málaga, País Vasco, Ceuta y Melilla. "Es como si funcionara un cártel", explican las fuentes.

Además, al ponerse de acuerdo de cara a las licitaciones de los ayuntamientos, el "entramado estaba soportado por los contribuyentes", que se veían obligados a pagar más. Un ejemplo es el de un contrato de residuos urbanos en la periferia de Madrid. Un acuerdo entre ACS, FCC y Ferrovial hizo que quedara desierto el concurso de 542 millones por el bajo precio ofertado, con lo que el ayuntamiento tuvo que dejar el servicio a FCC, que ya lo gestionaba.

La investigación arrancó a comienzos del 2012 cuando durante una inspección a unas empresas de residuos sanitarios de Baleares, la CNMC recopiló información que le permitió empezar a tirar del hilo. Así se han logrado acreditar "decenas de conductas" contrarias a la normativa de competencia que han afectado a ayuntamientos de todos los tamaños.

'E-MAILS' PROBATORIOS

 Muchas de las conductas han podido ser acreditadas mediante e-mails internos incautados en inspecciones en las sedes de las empresas, en los que se leen comentarios del tipo de "con esa empresa estamos en un periodo de no agresión", "esa empresa es tuya, ¿no?" o "me parece bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. (Pero con) Las de aquí no quiero líos".

Las sanciones son equivalentes al 3% de la facturación de las compañías, pero ponderado por algunos aspectos como el grado de participación y el tiempo en que ha estado beneficiándose. Desde el organismo se admite que el perjuicio económico causado podría ser mayor que la sanción impuesta.

Las empresas sancionadas recurrirán la decisión de la CNMC. Sus argumentos irán en línea con los del consejero Fernando Torremocha, que en un voto particular ha rechazado la multa por entender que las prácticas detectadas estaban en muchos casos prescritas y que la multa está motivada de forma insuficiente y contradictoria.