Coca-Cola debe pagar los salarios a los afectados por el ERE

El segundo varapalo de los tribunales a Coca-Cola, tras la anulación el pasado mes de junio del ERE, que afectó a 1.190 trabajadores, llegó ayer de la mano de la Audiencia Nacional que desbarató el plan de recolocaciones y obliga a la compañía a pagar los salarios a los trabajadores que no hayan querido trasladarse a otro centro de trabajo distinto del que estaban empleados.

Mediante un auto de la Sala de lo Social, los jueces consideran «irregular» que la embotelladora de refrescos traslade los empleados a otras factorías distintas a las que realizaban sus funciones antes del ERE. Lo considera un cambio de residencia y les exime de trabajar hasta que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso de casación presentado por la empresa contra la anulación del expediente de regulación de empleo.

Mientras tanto, la empresa está obligada a pagar el salario a los afectados, pero evita pronunciarse sobre el cierre de las plantas de Asturias, Alicante, Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), que comenzó a ser desmantelada hace una semana.

La decisión afecta a 308 trabajadores de la planta madrileña. De ellos, 278 que no aceptaron la recolocación fuera de esa ciudad, 20 se incorporaron a otros centros y otros 10, con contrato fijo discontinuo, deben esperar a que esta finalice y se trasladen de centro o no.

El auto judicial, que acepta parte de las reclamaciones de CCOO y UGT, recuerda que en la resolución de hace unos meses en la que se obligaba a la empresa a ejecutar la sentencia contra el ERE, quedaba «perfectamente» claro que la readmisión debía producirse «en las mismas condiciones anteriores al despido» y no ha sido así.

ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIALPor tanto, se condena a la empresa a pagarles a los afectados los sueldos sin exigirles contraprestaciones profesionales, a darles de alta en la Seguridad Social y cotizar hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, así como a pagar las costas del procedimiento.

Coca-Cola Iberian Partners, la empresa condenada, anunció ayer que acata el auto de la Audiencia pero volvió a recordar que los afectados «rechazaron todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía» que como compensación por el traslado incluían hasta 25.000 euros lineales y 500 euros al mes para ayuda a la vivienda durante dos años.

Los sindicatos esperan que la compañía aplique las decisiones judiciales. «Luego nos sentaremos a negociar y esperemos que no siga actuando de mala fe y no invente nuevas triquiñuelas», dijo a Europa Press Paco González, de CCOO.