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La CNMC exige que las eléctricas asuman el coste del fraude en la red

SALVADOR SABRIÀ / BARCELONA

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Los fraudes en el suministro eléctrico van en aumento desde el 2012. Su importe anual ronda ya los 150 millones de euros. Esta energía defraudada supone, a causa de la actual regulación, un mayor coste para los consumidores, según ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe publicado ayer. El superregulador propone una serie de medidas legales para atajar este tipo de estafas, entre las que destaca el traspaso del coste del fraude a las distribuidoras y comercializadoras de electricidad, y no a los consumidores como sucede ahora.

La Comisión constata que la explicación del considerable aumento de las pérdidas es el importante incremento de fraudes como los enganches directos a la red o la manipulación de contadores. La CNMC destaca que aunque el fraude en el suministro eléctrico no es un fenómeno reciente, «en los últimos años estamos asistiendo a un aumento de la notoriedad y a una profesionalización del mismo, habiendo proliferado en algunos casos el fraude organizado, incentivado por la ausencia de riesgo económico que supone cometer fraude en la actualidad». Dicho en otras palabras, que al estafador, ya sea una persona o una empresa, le puede llagar a salir a cuenta el fraude aunque lo acaben detectando y multando. Tanto es así, que la Comisión propone que «desde la Administración se regulen los mecanismos destinados a detectar este tipo de actuaciones, así como la tasación adecuada de las sanciones económicas para que no resulte rentable  el fraude de energía».

El informe recalca que con la normativa vigente la energía defraudada «no supone una disminución de los resultados de las compañías eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores». Y considera que por ello las eléctricas no hacen todo lo que está en sus manos para evitar este tipo de fraudes. O que podrían hacer mucho más con una mejor regulación.

RESPONSABILIDAD

La CNMC propone que se modifique la ley para cambiar el actual incentivo que se da a las empresas distribuidoras para controlar el fraude. También presenta dos alternativas para achacar la responsabilidad sobre las pérdidas del sistema. Una pasa por que el distribuidor sea el responsable de comprar la diferencia de pérdidas reales y estándares (las derivadas de defectos técnicos del sistema). Y la otra sigue dejando en manos del comercializador la compra de las pérdidas, pero se obliga al distribuidor a financiar la parte que se considera fraude. En ambos casos, el coste del fraude ya no iría a cargo del consumidor.