EL PLAZO termina el 11 de mayo
CCOO y UGT dicen que la reforma laboral de Rajoy destruye empleo como ninguna
Cándido Méndez y Fernández Toxo, durante la reunión con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava. / JLR
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoIgnacio Fernández Toxo yCándido Méndez han presentado a laDefensora del Pueblo en funciones,María Luisa de la Cava, los ocho motivos por los que consideran que esta institución debe presentar unrecurso de inconstitucionalidad al decreto dereforma laboral. Sus razones se basan en "anclajes sólidos" y según les ha comentado la Defensora, de las peticiones similares que ha recibido, la sindical parece la más "fundamentada".
El secretario general de UGT ha destacado que esta reforma laboral está provocando la"mayor destrucción de empleo" de las 52 refomas anteriores. ninguna delas cuales ha provoda esta "gravísima situación".
Elplazo para presentar el recurso finaliza elpróximo 11 de mayo, fecha en que se cumplen tres meses desde su publicación en el BOE. Para ese día la reforma laboral estará en pleno debate en la comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados. Este martes mismo el PP ha rechazo por tercera vez y definitiva, la petición del PSOE del grupo de la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) para citar a sindicatos y organizaciones empresariales para que valoren la reforma.
Motivos del recurso
Los sindicatos consideran que no hay ninguna razón que avale la utilización de lafigura del decreto ya que el mismo Gobierno ha afirmado que su objetivo no es la creación de puestos de trabajo: "No existe urgente y extraordinaria necesidad" y porque no es lo idóneo para reducir la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días de indemnización o limitar la ultraactividad de los convenios colectivos a dos años. Según las centrales no se puede utilizar la figura del decreto cuando se regulan derechos como el de tutela judicial efectiva o la negociación colectiva, que solo afecta a empresarios y trabajadores.
El periodo de prueba de un año para los nuevos contratos de emprendedores, la supresión de los salarios de tramitación en caso de indemnización por despido improcedente, la facultad unilateral a modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y la posibilidad de recurrir al despido colectivo en el sector público son otros aspectos del decreto que las centrales consideran que son inconstitucionales.
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