El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal. "Se ha acabado ir de listo por la vida y preguntar con toda alegría si la factura la quieren con IVA o sin IVA", declaró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A partir de 50.000 euros se podrá perseguir penalmente el fraude a la Seguridad Social y aumentan las sanciones al fraude en subcontratas y subvenciones.

El Gobierno ha dado vía libre al proyecto de ley de modificación del Código Penal, en el que se incluye una ampliación de las penas máximas de cárcel hasta los seis años por delito fiscal de más de 600.000 euros o cuando se lleve a cabo a través de organizaciones criminales o testaferros. Concretamente, para los delitos agravados la pena máxima de prisión será de dos a seis años, frente el umbral de uno a cinco años actuales. Además, el plazo de prescripción pasará de cinco a diez años también para los restantes supuestos de delito fiscal.

La vicepresidenta del Gobierno ha justificado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) tienen su origen "indudablemente" en la recesión económica, por lo que el Ejecutivo debe ocuparse en reducir el déficit y hacer reformas estructurales."Datos como estos nos tienen que llevar a intensificar las reformas y cumplir con el objetivo de déficit", ha asegurado al respecto.

Más inspecciones de trabajo

El Gabinete presidido por Mariano Rajoy ha aprobado --para remitirlo a las Cortes-- el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que regula las infracciones de los cargos públicos en materia de gestión económica y presupuestaria. La ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según el anteproyecto, anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros, y reforzará el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida. La norma eleva el rango de las sanciones y, por ejemplo, tipifica como infracción muy grave que una empresa haga ir a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada.