APRESTO DOMINICAL

Carmena también califica

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante su intervención en un congreso, el pasado lunes.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante su intervención en un congreso, el pasado lunes.

JOSEP-MARIA URETA

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Quienes se conjuraron hace siete años justos contra los abusos del capitalismo tras la quiebra del banco especulador Lehman Brothers y sus máximos exponentes, olvidaron perseguir también a quienes les habían bendecido sus operaciones especulativas. Se habló entonces de las agencias de calificación de riesgo y sus avales para los desmanes de los bancos de inversión. Ahí siguen esas agencias, inmunes al intento de regular su actividad o, al menos, obligar a que sean conocidos sus métodos de trabajo para hacer sus evaluaciones.

Nada de nada. Bien lo han experimentado los gestores de las cuentas del renovado Ayuntamiento de Madrid, que han cancelado los contratos con las multinacionales auditoras Fitch y Standard & Poor's (S&P) para que den marchamo de verosímiles a las cuentas del municipio y, por tanto, la garantía de que su deuda se puede devolver.

La cadena SER difundió el lunes una grabación de las conversaciones entre los responsables de S&P y sus interlocutores en el municipio.  Antológico y que se difunda lo mejor que se pueda para que se conozcan los métodos de estas elitistas marcas de revisión de balances, que en un principio estaban justificadas para empresas que cotizan en bolsa, y desde hace unos años han trasladado su poder de calificación, sin que justiquen cómo lo hacen, a la deuda de los países, regiones y, en el caso que nos ocupa, municipios como Madrid.

Su arma es que ante el capitalismo global, dado que los inversores particulares acumulan sus ahorros en fondos de inversión que solo conocen la codicia inmediata, hay que controlar las instituciones donde se depositan esas inversiones. Y ahí es donde aparece Madrid entre tantos otros, que ha cambiado de manera radical la gestión del municipio, desde que Manuela Carmena llegó a la alcaldía. La capital acumula una deuda de casi 5.000 millones, un riesgo excesivo creado por los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Nada hicieron para paliarlo, y menos siendo gobernante absoluto el PP en España.

Es más, a principios de este año, S&P mantenía que la deuda del Ayuntamiento de Madrid era un riesgo, aunque soportable si se confirmaba la continuidad en la dirección del municipio. Una valoración que guarda una coincidencia sospechosa con la más reciente de la misma S&P, confirmada con su hermana calificadora Fitch, de que España ha conseguido salir de la recesión y aupada en el liderazgo del crecimiento europeo gracias a sus reformas económicas. Quede claro que solo hay dos: la laboral y la más reciente de las comisiones en los cajeros. La energía, por ejemplo, un sector regulado, sigue siendo de los  más ineficientes y caros de la UE.

Lo curioso es que las loas al esfuerzo estabilizador del Gobierno español que las agencias destacaban hasta el pasado abril, han empezado a virar en sus condicionantes tras la elecciones  locales de mayo. Se mantiene la empatía con el Gobierno del PP, pero las últimas valoraciones, seguidas de una mejora de la calificación del Reino de España, incluyen párrafos de clara incidencia electoral. Escriben, por ejemplo, en S&P: «vemos incertidumbre significativa por si los siguientes gobiernos serán capaces de preservar o incluso ampliar la fuerte hoja de servicios de reformas orientadas a la competitividad».

¿Y Fitch, opina distinto? Pues tras revisar, en positivo, la capacidad financiera del Reino, también avisa que «se basa en la asunción de que la actual política fiscal [del Gobierno del PP] se mantendrá en términos generales después de las elecciones generales, de que no habrá crisis constitucional y que los sucesivos gobiernos españoles mantendrán la ratio de deuda pública/PIB en tendencia descendente durante la última mitad de la década». O sea, que esa ratio deuda/PIB haya sido con tendencia ascendente desde el 2010 hasta hoy, no preocupa, ya se resolverá a partir del 2016; «siempre que gobiernen los mismos», solo faltaba añadir.

Quizá en este contexto se entienda mejor que el caso del municipio de Madrid (se ahorrará 107.000 euros en pagar a esas agencias)  haya sido el más propicio para enviar un mensaje a lo que podríamos llamar la izquierda en general (y Ciudadanos, que se niega a que le encasillen en una ala, porque pretende las dos) de que cuando se habla de la presión de los mercados se les puede poner cara y firma sin error de calificación.