PRIMERA JORNADA DE ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD INTERVENIDA

La CAM dobló sus préstamos al Gobierno de Camps en el 2010

Modesto Crespo y María Dolores Amorós, en una asamblea de la caja

Modesto Crespo y María Dolores Amorós, en una asamblea de la caja

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

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Siempre que el Banco de España interviene una entidad de crédito pasa igual: quedan al aire unas tripas en las que se mezclan una gestión empresarial desastrosa con comportamientos escasamente profesionales, y en no pocos casos punibles. Si la entidad, además, es una caja de ahorros, no es raro que aparezca una maraña de intereses cruzados con las administraciones públicas -ayuntamientos y autonomías- que las controlan. Es el caso de la CAM, que dobló sus créditos a la Comunidad Valenciana cuando ya estaba bajo la lupa del Banco de España por su más que precaria situación.

La caja cerró el año pasado con un saldo de préstamos al Ejecutivo por entonces presidido por Francisco Camps de 505 millones de euros en virtud de un «convenio de prestación de servicios financieros», según admite en su memoria de gobierno corporativo. La cifra es un 124% superior a la de finales del 2009.

ESCALADA / Como la propia caja apunta, utilizando la terminología del sector para este tipo de operaciones, en un solo año asumió un «incremento de riesgo» de 280,186 millones (254,7 millones de forma directa y 25,48 millones con empresas vinculadas a la Generalitat Valenciana). Pero si se echa la vista más atrás, si bien no de forma tan pronunciada, era algo que venía haciendo en los últimos años. Los créditos al Ejecutivo autonómico se dispararon el 223% entre el cierre del 2007 y el pasado diciembre.

Este fuerte incremento no puede ser ajeno al hecho de que el Gobierno valenciano tuviese la competencia de nombrar al 25% de los miembros de los órganos de gobiernos de la entidad. La ley regional de cajas, además, le facilitaba influir en la designación del resto de administradores y miembros de la asamblea.

Pero quizá la prueba más flagrante de la falta de control interno de la CAM es que el presidente, Modesto Crespo, y la directora general, María Dolores Amorós, tenían la facultad conjunta de «conceder por razones de urgencia préstamos, créditos y avales al sector público y al sector privado». Se trata de una competencia muy poco común, ya que este tipo de operaciones tienen que pasar normalmente por varios órganos colegiados de gestión y control.

Cabe recordar que Crespo -un empresario que comenzó vendiendo coches en Elche y que acabó presidiendo la patronal regional de Alicante- alcanzó la presidencia de la CAM gracias a Camps, pese a no tener ninguna experiencia en el sector financiero. Amorós llegó al cargo en diciembre para sustituir a Roberto López Abad, primer ejecutivo de la entidad durante años, que pasó a ocupar el mismo cargo en el banco al que la caja traspasará su negocio.

Los tres pueden ser sancionados, como antes lo fueron los ejecutivos de las intervenidas CCM y Cajasur.

PRÉSTAMOS AL PP / Ellos eran hasta ahora los máximos responsables de una caja que al cierre del año pasado tenía concedidos 2,13 millones de euros en créditos, avales o garantías al PP, un 8,7% más que en el ejercicio anterior. En contraposición, el PSOE debía préstamos por valor de 460.000 euros (el 3,7% más) e IU, por 3.000 euros (el 40% menos).

Pese a que ya estaban bajo la lupa del Banco de España, los altos directivos y los consejeros en calidad de directivos de la CAM se subieron el sueldo un 2% en el 2010, hasta los 2,86 millones de euros, a los que sumaron los 1,36 millones que recibieron en otros consejos donde representan a la caja.