En busca de más líquido

El agua es un recurso básico, que debe gestionarse como un bien económico escaso. Podría decirse que, como  recurso, no tiene precio, pero sí mucho valor. En conjunto, en España se gestiona inadecuadamente, lo que ha enquistado un déficit de inversiones e incumplimientos medioambientales. En Catalunya, aunque también hay retos, la situación se ve distinta y con recelo ante la posibilidad de que el Gobierno central quiera homogeneizar con el pretexto de la unidad de mercado.

¿Hay que imitar el sistema catalán?

Un estudio de PwC revela la situación precaria del sistema del agua en España. Es un modelo anticuado, que no se ha adaptado a los nuevos modelos de gestión que requiere y que ha provocado profundos déficits de inversiones a causa de una tarifas que son insuficientes para cubrir los costes y remunerar las inversiones, explica Antonio Martínez Dalmau, socio de PwC. El estudio reclama una mayor homogeneización del sistema, con un marco regulatorio estable y tarifas predecibles.

Manuel Navarro, director del Ciclo del Agua de Acciona, reclama mayor seguridad para los inversores y una metodología tarifaria "predecible". Admite que Catalunya "ha sido líder" en cambiar el modelo y además las tarifas ya cubren los costes del servicio, "pero es una excepción". En otras zonas "el dinero de la tarifa va a otros usos. Es legal, pero no es justo", añade.

En todo caso, "el operador quiere normas claras y que un tercero, una entidad u organismo, defina las reglas de juego, fije tarifas suficientes y vigile la calidad del servicio", agrega. Es algo que en Catalunya hace años que se lleva a cabo, según Jordi Agustí, director general de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). De los más de 15.000 millones que requiere el sistema acuístico español para mejorar la eficiencia y cumplir con las normativas europeas, según las estimaciones de PwC; en Catalunya apenas hacen falta unos 500 millones para cubrir a un 4% de la población, dispersa, en núcleos pequeños, pero con un coste menor, afirma. A su entender, la fórmula ideal serían los consorcios o entes supramunicipales, recogida entre las propuestas en el estudio de PwC.

Recuerda que en Catalunya existe una red de 450 depuradoras que dan servicio al 96% de la población. En cambio, en el conjunto de España solo el 32% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes están saneadas, cuando Bruselas obliga a que sean el 100% en el 2021. Agustí no ve problemas graves de saneamiento en Catalunya, ámbito en el que la comunidad podría recibir incluso "un sobresaliente", ni en la distribución en alta.

De igual modo, Joan Puigdollers, concejal de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que Catalunya se ha dotado de infraestructuras y servicios por sí misma a lo largo de más de 30 años, no solo en el sector del agua sino en las autopistas. Por eso, cuando "desde Madrid se utiliza el verbo homogeneizar aquí ya nos ponemos a temblar", asegura. Y rememora los incumplimientos del Ejecutivo central en materia de inversiones recogidos en el Estatut. A su entender, en Catalunya hay que ocuparse de "mantener la sostenibilidad de un modelo que funciona". Y añade, "Apliquemos el modelo catalán en España, no al revés".

La cooperación entre lo público y lo privado

Si en algo coinciden los expertos es en la necesidad de la colaboración público-privada para que el modelo sea sostenible. Al entender de Navarro, de Acciona, ese es un eje fundamental que "ha dado muy buenos resultados". Y los tendrá que seguir dando, ya que las inversiones necesarias, sean grandes o pequeñas, no las podrán acometer las administraciones.

Navarro asegura que, al gestionar numerosos contratos, el operador privado puede mejorar la eficiencia. En realidad, agrega, más de la mitad de los habitantes de España reciben ya el agua a través de operadores privados que prestan el servicio.

Puigdollers afirma que en Catalunya la colaboración público-privada está muy asentada. "Es una relación más eficiente y justa", añade. A su entender, la titularidad siempre debe ser pública, pero la gestión "la que decida cada Administración y, en cualquier caso, la que sea más eficiente".

Agustí, por su parte, recuerda el contrato que un consorcio encabezado  por Acciona ganó para la gestión de la antigua empresa pública de la Generalitat Aigües Ter Llobregat (ATLL) en diciembre del 2012. Con esta operación, se salvó la situación de asfixia financiera a la que había llegado esta compañía que suministra el agua a las distribuidoras del área metropolitana de Barcelona y comarcas adyacentes, con una población de más de cuatro millones de habitantes.

La apuesta por la reutilización

"En Catalunya hemos ido quemando etapas a lo largo de los años y ahora tenemos el reto de reutilizar el agua", explica Puigdollers. Es evidente que el sector tiene nivel tecnológico para el reto de reutilizar las aguas residuales. El concejal barcelonés y presidente delegado de Espais Naturals y Medi Ambient de la Diputació de Barcelona destaca que Catalunya forma parte del núcleo de "zonas muy progresistas en tecnología" con clima mediterráneo que han hallado soluciones similares para gestionar el medioambiente, como es el caso de California, en EEUU; Israel o el sur de Australia.

En todo caso, según Puigdollers, la posiblidad de reutilizar el agua convenientemente tratada, incluso para el consumo humano, no es una cuestión  que competa a Catalunya o España, sino que es una cuestión europea. "Si se consiguiera solventar este tema tendríamos prácticamente asegurado el suministro de agua", afirma.

Al entender del representante del grupo Acciona, en España existe una industria puntera que es capaz de competir en cualquier parte del mundo. Según Navarro, la comunidad más adelantada en este aspecto es Murcia, "simplemente por la falta de agua que padece". Como consecuencia de ello, reutilizan el 100% de aguas para riego. Y algo parecido sucede en Alicante, donde también se reaprovecha el agua residual para la industria. De todas formas, según Navarro, esta es "una asignatura pendiente" y que además requiere regulación.

Una cuestión de valentía política

Martínez Dalmau recuerda que el estudio de PwC refleja que, en términos generales, España es el único país de la OCDE, que agrupa a los estados más industrializados, en el que las tarifas que se cobran por el agua no permiten recuperar las inversiones. El precio que se paga está en general en manos municipales y es poco predecible. "Hay mucho dinero interesado en invertir, pero les es imposible planteárselo porque nadie les dice cómo se va a remunerar esa inversión", afirma.

En opinión de Navarro, un sistema de tarifas menos arbitrario y más previsible, como sucede en el caso catalán, permitiría un servicio del ciclo del agua con precios asumibles y homogéneos y sostenibilidad económica. "Más competencia y seguridad jurídica supone para los inversores exigir una menor prima de riesgo y, por lo tanto, unos costes menores que al final revertirán en tarifas más bajas", agrega.

Agustí recuerda que en Catalunya ya se refundieron en una única figura los cánones de saneamiento y de infraestructuras hidráulicas y de ser tasas pasaron a convertirse en un impuesto medioambiental "para financiar los costes de saneamiento". Al entender de Puigdollers, se trata de una cuestión de "valentía política" y, sin mencionarlo, recuerda el caso de Extremadura, que acaba de anunciar bajadas de impuestos e incluso dejar a cero el canon del agua. "El agua debe financiarse con su propia gestión. Hay que decir que tiene un precio", sentencia. Y es que, en su opinión, se debe evitar la demagogia y tener el coraje suficiente.

Dejar claras las responsabilidades

Frente a la opción de un único regulador estatal, que es una de las  soluciones que se apuntan en el estudio de PwC, Navarro aplaude una vía como la catalana, con un ente autonómico, la ACA y una comisión de precios. Agustí entiende que hay que definir claramente la titularidad de las responsabilidades y que se desaprovechó para ello la reforma de ley de bases de régimen local. "Aunque hubiera un único regulador, el problema seguiría en las distintas capas de las administraciones". Según Agustí, Extremadura, con sus rebajas de impuestos generalizadas, "se está desinhibiendo del modelo". Y es tajante: "Cuando se nos habla de unidad de mercado y un único regulador no lo entendemos: Ya tenemos uno", la Generalitat.