en pleno conflicto
Bruselas urge a España a reformar la estiba y denuncia los elevados costes de los servicios portuarios
La Comisión Europea considera que las "elevadas tasas" son "un obstáculo para mayores incrementos del tráfico" por la vía de la competencia entre puertos
En plena negociación entre los estibadores y el Gobierno, la Comisión Europea ha avivado el conflicto al introducir presión para acelerar la liberalización del sector en España, especialmente en lo que respecta a la libre contratación de plantillas. La Comisión Europea ha instado de nuevo a España a reformar con urgencia la estiba, al mismo tiempo que ha criticado la falta de transparencia y los elevados costes de los servicios portuarios, que a su juicio dificultan un mayor tráfico de mercancías. El Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles su análisis sobre los desequilibrios macroeconómicos de España y en el apartado dedicado al transporte subraya que, aunque el sistema portuario español es "rentable", los " altos costes" de algunos servicios portuarios y las "elevadas tasas" son "un obstáculo para mayores incrementos del tráfico".
En concreto, el informe de Bruselas critica la complejidad y la falta de transparencia del sistema de tasas. Del mismo modo, denuncia que los puertos no tienen todavía autonomía para establecer su política de precios.
Bruselas subraya que, según un análisis de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC), el país carece de competencia en sector y ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha exigido a España reformar "urgentemente" la legislación sobre trabajos portuarios. "La estrategia nacional a largo plazo para el desarrollo de puertos podría contribuir a priorizar mejor las inversiones en puertos conforme a sus funciones y promocionar unas políticas de precios más eficientes", propone el estudio de la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ya trasladó el jueves pasado al Gobierno español la necesidad de aprobar una reforma que cumpla con la sentencia de la justicia europea. "Hay necesidad de que la legislación española refleje la sentencia del Tribunal. Es algo que justifica los contactos que están en marcha. Estoy seguro de que a las autoridades españolas no les gustaría producir una ley que no es compatible con la legislación europea y comunitaria", añadió entonces el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
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