Acorralada por una avalancha creciente de críticas, la Comisión Europea intenta ahora salvar el polémico Tratado Comercial Antipiratería (ACTA) mediante la maniobra de pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que verifique si su contenido es compatible con los derechos y libertades fundamentales europeos, en especial el derecho a la libertad de información y expresión y a la protección de los datos personales.

El tratado ACTA fue negociado en secreto durante los últimos años por la Comisión Europea con EEUU, Japón, Canadá, Suiza y Corea del Sur, entre otros países, y fue firmado por el Ejecutivo comunitario el pasado 26 de enero. Para poder entrar en vigor necesita que sea ratificado por el Parlamento Europeo y por todos y cada uno de los 27 estados de la UE.

Amenaza para los derechos ciudadanos

El objetivo oficial del tratado es luchar contra la copia fraudulenta y la piratería de la propiedad intelectual en todos sus ámbitos. Pero sus críticos denuncian que pisoteará los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y comunicación y protección de los datos personales) y permitirá a las autoridades aduaneras verificar el contenido de los aparatos electrónicos de los viajeros.

Las organizaciones opuestas al ACTA señalan también que perjudicará a los programas informáticos gratuitos (dificultará su distribución y no permitirá que las obras con derechos digitales puedan verse con free software), y limitará el desarrollo de medicamentos genéricos.

Países europeos en contra

Alemania, Polonia, Holanda, la República Checa, Eslovaquia, Letonia, Estonia y Chipre ya han anunciado que paralizan la firma y ratificación del tratado por las graves amenazas que supone para los derechos fundamentales. Las implicaciones prácticas en la vida cotidiana del ACTA también han levantado la alarma en el Parlamento Europeo.

Ante la imposibilidad de obtener las ratificaciones necesarias, el comisario de Comercio, Karel De Goucht, ha anunciado la petición del dictamen del Tribunal de la UE sobre ACTA, aunque ha eludido precisar el contenido exacto de la consulta que efectuará la Comisión Europea y las preguntas que planteará al tribunal.

De Gucht ha insistido en que el Tratado ACTA no modificará las normas vigentes en la UE. Pero sus críticos, por ejemplo, señalan que obligará a los proveedores de acceso a Internet a vigilar y controlar permanentemente a sus usuarios, porque elimina las salvaguardas legales actuales que protegen a los operadores de Internet de las posibles infracciones legales que cometan sus clientes.