Bruselas pide nuevos ajustes para alargar un año más el déficit

La Comisión Europea exigió ayer a España más ajustes presupuestarios concretos para el 2013 y el 2014 como condición previa para estudiar dar un año más de plazo, hasta finales del 2014, para recortar el déficit público al objetivo del 3% del producto interior bruto (PIB). Tras criticar las promesas incumplidas, el Ejecutivo comunitario fijó por «unanimidad» una larga lista de deberes al Gobierno de Mariano Rajoy para sanear las cuentas públicas, mejorar la competitividad y apoyar el crecimiento económico, en una nueva jornada donde empeoró aún más la desconfianza de los mercados financieros hacia España ante la incapacidad mostrada hasta ahora por su Ejecutivo para endereza la situación.

La bolsa sufrió un nuevo descalabro del 2,58% y el índice Ibex 35 cerró por debajo del listón de 6.100 puntos, el nivel más bajo desde febrero del 2003. La prima de riesgo de la deuda pública también volvió a escalar niveles récords superando los 540 puntos respecto al bono alemán de referencia en los mercados internacionales, mientras que el coste de las emisiones de deuda a 10 años se situaba ya por la noche en el 6,68%.

NUEVO PLAN DE AJUSTE / El Gobierno español tiene que presentar «antes de acabar el mes de julio» un plan de ajuste presupuestario plurianual para el periodo 2013 y 2014, que detalle cómo va a garantizar la reducción sostenida del déficit desde el actual 8,9%, explicó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, al presentar las recomendaciones para cada uno de los 27 países de la Unión Europea (UE).

Si el Gobierno presenta un plan presupuestario «convincente» y demuestra que «es capaz de controlar de forma eficaz el gasto excesivo de las regiones autónomas», la Comisión Europea «está dispuesta a considerar dar a España un año más, hasta el 2014», para recortar el déficit hasta el 3%, precisó Rehn.

Pese a destacar las «medidas enérgicas» adoptadas, la Comisión Europea se mostró muy crítica con la gestión del Gobierno en materia tributaria y reclamó que se acelere el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que comenzará a aplicarse de forma escalonada en el 2013 para estar en vigor en el 2027. El recorte de esos plazos, indica el informe comunitario, contribuiría al saneamiento de las cuentas públicas.

España, destacan las recomendaciones del Ejecutivo comunitario, «tiene uno de los ratios de presión fiscal respecto al PIB más bajos de la UE». Por ello, la Comisión Europea reclamó «introducir un sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento fiscal y más favorable al crecimiento, especialmente reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y los impuestos energéticos».

En especial, Rehn reclamó ampliar la «baja» recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), mediante la subida del tipo que se aplica a los productos que ahora se benefician de una exención o de los tipos reducidos (8% y 4%). «La recaudación por IVA alcanza sólo el 42% del nivel teóricamente posible», debido a esos tipos reducidos y a «la falta de eficacia en las medidas para luchar contra el fraude», destaca el informe comunitario.

CONTRA LA DESGRAVACIÓN POR PISO / La Comisión Europea criticó en particular la desgravación fiscal por la compra de vivienda, reintroducida por el Gobierno del PP, y reclamó recortarla o suprimirla por «el sesgo que provoca en favor del endeudamiento» y que contribuyó a alimentar la burbuja inmobiliaria. La supresión de esa ventaja fiscal permitiría aumentar la recaudación y «la eficacia del sistema tributario», precisa el informe comunitario.

La reciente subida del impuesto sobre la renta aprobada por el Gobierno de Rajoy también fue criticada por el Ejecutivo comunitario, porque «va en la dirección contraria de las recomendaciones» de la UE y aumenta «la carga tributaria sobre el trabajo en detrimento del crecimiento económico». La Comisión Europea expresa su extrañeza en su informe por la insistencia del Gobierno en «excluir expresamente» el aumento de los impuestos sobre el consumo, que se consideran «los menos dañinos para el crecimiento». Los comparativamente bajos impuestos españoles sobre el tabaco, el alcohol y los carburantes dejan un margen para aumentarlos, precisa el Ejecutivo comunitario.