Bruselas defiende su actuación y justifica el rescate con dinero público

La unión bancaria y las reglas de resolución de bancos nacieron tras la crisis financiera para evitar que los contribuyentes europeos siguieran haciéndose cargo de los rescates bancarios. Aún así, la Comisión Europea ha defendido este lunes la decisión de liquidar dos entidades bancarias italianas -la Banca Veneto y la Banca Popolare di Vicenza- con fondos públicos adoptada por el Ejecutivo italiano. “El hecho de que los contribuyentes sean aparte del acuerdo es algo que ha decidido el Gobierno de Italia y está previsto dentro de las normas. Si hay lecciones que sacar es otra cosa”, se ha limitado a decir Margaritis Schinas, portavoz de Jean-Claude Juncker.

Las autoridades europeas aplicaron hace 15quince días una solución radicalmente distinta al Banco Popular español. En la madrugada del 6 al 7 de junio el Mecanismo Único de Resolución (MUS), dependiente del BCE, decidió que la entidad estaba “quebrada o a punto de quebrar" –lo mismo que decidió el viernes por la tarde sobre el Veneto y el Popolare- y la Junta Única de Resolución (JUR) activó el proceso para resolver la entidad. Determinaron que había riesgo para la estabilidad financiera de España y de la Eurozona, que era de “interés público” y lanzaron la resolución del banco, que posteriormente compró el Banco Santander por un euro. Accionistas y titulares de deuda subordinada lo perdieron todo mientras que el Santander se quedó con los activos tóxicos y las posibles compensaciones a los afectados que se deriven de futuros litigios.

En el caso del Veneto y el Popolare di Vicenza, cuyos activos sanos han sido adquiridos por el Intessa Sanpaolo, la Junta descartó el viernes que la resolución fuera de interés general, se quitó de en medio y dejó en manos del gobierno italiano la liquidación del mismo bajo las reglas nacionales de insolvencia. “Diferentes situaciones requieren respuestas diferentes del regulador”, justifica un alto cargo de la Comisión Europea sobre la diferencia de trato entre las entidades italianas y la española. “Un banco que es sano no debería ser resuelto. Pero un gran banco que puede dañar la estabilidad debe ser resuelto y es lo que ocurrió con el Popular”, argumenta sobre por qué se actuó de una forma con el Popular y de otra con los dos bancos italianos.

INTERÉS EN EL VENETO

En la dirección general de la Competencia que dirige Margrethe Vestager justifican la autorización de las ayudas de estado al Intesa Sanpaolo por la importancia de las dos entidades liquidadas en la región. “No hubiera creado una crisis financiera ni en Italia ni en Europa pero sí en la región del Veneto. De esta forma, impedimos que se materialicen esos efectos negativos”, estiman. Sin ayudas públicas, sostienen en la Comisión, las dos entidades hubieran tenido que cerrar sus puertas desde este lunes, las líneas de crédito cerradas y el personal despedido lo que hubiera supuesto un significativo impacto en esta próspera región.

La decisión ha generado ya mucha polémica. El grupo de los Verdes en la Eurocámara ha arremetido contra la decisión porque pone en jaque las reglas de la unión bancaria y aprovecha sus excepciones. “Los contribuyentes una vez más rescatando a inversores millonarios”, se queja su portavoz en la comisión de asuntos económicos, Sven Giegold. Su compañero de grupo, Ernest Urtasun, ha anunciado que pedirán la comparecencia urgente de las presidentas del MUS, Danielle Nouy, y del JUR, Elke Köning.

UNA OPERACIÓN DE 17.000 MILLONES

El plan diseñado por Italia incluye el traspaso de los activos sanos de las dos entidades al banco Sanpaolo que recibirá una inyección directa de 4.785 millones y garantías de 12.000 millones para hacer frente a posible pérdidas por los préstamos dudosos de sus respectivas carteras. En total, un rescate con 17.000 millones de euros de potenciales pérdidas para el contribuyente. Como la operación incluye ayudas públicas el plan ha tenido que pasar por el filtro de los servicios de la competencia comunitarios que a cambio de autorizar ayudas públicas han exigido un plan de reestructuración que obligará a cerrar el 60% de las oficinas y a despedir al 40% de la plantilla.

En este caso, y al contrario de lo que hubiera ocurrido si se hubieran aplicado las reglas de resolución bancaria europeas como ocurrió con el Popular, los bonistas senior no lo perderán todo gracias a la decisión del gobierno italiano de protegerles con dinero público. Se trata de bonistas individuales a los que compensarán de forma separada al entender que compraron productos que pensaban eran muy seguros sin ser conscientes de los riesgos.