Bankia generó dudas al regulador tras salir a bolsa

El exdirector general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que, «a título personal», tuvo las «primeras dudas» sobre la viabilidad de Bankia en octubre del 2011, solo tres meses después de su salida a Bolsa. Además estas primeros cuestionamientos tuvieron lugar  apenas siete antes de que se produjera la intervención que obligó a inyectar en la entidad ayudas públicas de alrededor de 20.000 millones de euros.

Martínez Tello, que declaró como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, señaló que estas objeciones se recrudecieron en el primer trimestre del 2012. Por aquel entonces, los responsables de la auditora Deloitte plantearon, entre otras, sus reticencias sobre la valoración que la acción de Bankia tenía en su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), y la viabilidad de sus créditos fiscales.

Las cuentas del 2011, que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, se aprobaron en marzo del año siguiente sin el informe de auditoría de Deloitte y tuvieron que ser reformuladas en mayo, con la entrada del nuevo equipo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, con unas pérdidas de 2.979 millones.

A estas situación, según la declaración del exdirector general de Supervisión del Banco de España, se unió el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de ese año, que apuntaba que, una vez «agotadas» las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un «mayor recurso a la financiación pública» para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades «problemáticas».

En relación con los bancos de «mayor tamaño», en referencia implícita a Bankia, aconsejaba tomar medidas «rápidas y decisivas» para fortalecer sus balances.

Según el testigo, este análisis del FMI fue «extrañísimo y sorpresivo por el momento en el que se produjo y por su contenido» y tuvo como principal consecuencia que «aceleró los acontecimientos» en relación con los dos planes que se diseñaron para reflotar la entidad.

También declaró el jefe de Inspección del Banco de España José Antonio Casaus, que ratificó un informe que elaboró el 3 de diciembre del 2010 en el que se ponían de manifiesto «deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno» de Bankia, así como la inexistencia de «una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado».

Casaus declaró que los consejeros de la entidad, a los que atribuía en su informe «un carácter acentuadamente político», antepusieron sus intereses a los de la sociedad en materia retributiva.