Hacienda insta a los ayuntamientos a mantener sus guarderías y servicios sociales tras el 31 de diciembre

La plena entrada en vigor de la ley de reforma local el 1 de enero no impedirá a los ayuntamientos mantener abiertas sus guarderías y seguir prestando los servicios sociales y de salud que venían ofreciendo hasta ahora a pesar de que todas estas competencias se consideran impropias. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido una carta a todos los alcaldes del país para indicarles que la asunción de estas competencias por parte de su comunidad autónoma no será efectiva hasta que no se ponga en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica y que, por lo tanto, “deberán” continuar prestándolas.

Con este escrito, Hacienda quiere salir al paso de la confusión creada entre los municipios sobre si a partir del 1 de enero deberían quedar cancelados todos los servicios que ahora prestan las corporaciones locales. El propio presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero,  ha alertado de que con la entrada en vigor de la ley se empezará a cerrar escuelas infantiles, albergues para indigentes y centros de atención a mujeres que sufren violencia de género y dejarán de darse becas de comedor, por lo que el edil ha adelantado que no cumplirá la ley.

“El día 1 de enero, en mi ciudad, si dios no lo remedia, 5.000 niños se quedarán sin becas de comedor. (…) Miles de personas se van a quedar sin la teleasistencia porque nadie la va a pagar; los comedores sociales se quedarán sin el medio millón que aporta el consistorio y la mitad tendrá que cerrar”, afirmaba Caballero en una entrevista publicada por Cinco Días este lunes.

LA CARTA DE BETETA

Según la carta remitida ahora por el secretario de Estado a los alcaldes, “estas competencias deberán ser objeto de un proceso de reordenación competencial que requiere necesariamente quedar vinculado al sistema de financiación autonómica y local”. El ministerio aclaró la aplicación de este criterio en una nota publicada en su página web el 17 de septiembre pasado, lo que no evitó la propagación de una polémica que se está encendiendo en pleno ambiente preelectoral.

En la misiva firmada por Antonio Beteta se recuerda que en la exposición de motivos de la propia ley ya se establece que “la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a la salud y a los servicios sociales” quedan referenciadas “al que será el nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”. Según Hacienda, así queda establecido en la disposición adicional décimoquinta (educación) y en las disposiciones transitorias primera (salud) y segunda (servicios sociales).

Así pues –escribe en su carta Antonio Beteta- “se puede concluir que en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y local, las competencias a que se refieren las citadas disposiciones transitorias primera y segunda y adicional décimoquinta deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos”.

REFORMA LOCAL

La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2013. La ley divide las competencias municipales entre propias (urbanismo, medioambiente urbano, policía local...), delegadas (acordadas con el Estado o las comunidades autónomas y financiadas por estos) e impropias. A esta última categoría pertenece la mayor parte de los servicios de educación, sanidad o sociales que prestan los ayuntamientos.

La ley establece que a partir del 1 de enero del 2016 estos servicios deberán empezar a ser prestados por las autonomías. Se fija que si las autonomías no asumen estos servicios deberán seguirlos prestando los ayuntamientos y el Estado se encargará de detraer fondos las comunidades para que las corporaciones locales puedan financiarlos. Los ayuntamientos podrán prestarlos en todo caso si justifican superávit en sus cuentas. 

Han pasado dos años desde la publicación de la ley y no se han producido los acuerdos necesarios para que las autonomías asuman todos estos servicios. Ante la confusión creada en los consistitorios, Hacienda aclara que la propia ley establece que la retirada de estas competencias locales impropias tendrá que quedar encajada dentro de los nuevos modelos de financiación autonómica y local que se abordarán en la próxima legislatura.