La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que anula un expediente de regulación de empleo (ERE) al considerar que la empresa Tradisa actuó de forma fraudulenta al retrasar su tramitación con el fin de aprovechar las ventajas de la reforma laboral. El fallo acepta la impugnación presentada por el comité contra el ERE que supuso el despido de 23 empleados en el centro de trabajo de El Prat de Llobregat dedicado al transporte de coches. 

La sala de lo social de la Audiencia Nacional considerada probado que la compañía llevó a cabo una maniobra dilatoria para "beneficiarse de un procedimiento más flexible que el precedente, que exigía autorización administrativa del despido colectivo" que, con la entrada en vigor de la reforma laboral, ya no es necesaria puesto que deja en manos del empresario la decisión de extinguir los puestos de trabajo.

Para beneficiarse del nuevo marco más favorable para las empresas, Tradisa renunció a un ERE presentado a principios de febrero aprovechando que la Generalitat lo reenvió al Ministerio de Trabajo y lo volvió a solicitar unos días después, cuando la reforma ya estaba en vigor. "Equivale a cambiar de árbitro y también de reglas de juegoen pleno partido", concluyen los magistrados, que subrayan que el segundo ERE reproducía el primero "sin la más mínima matización".