La Audiencia avala los registros en la casa y despacho de Rato

Rodrigo Rato no tiene respiro. Un día después de que declarara ante el juez Antonio Serrano y defendiera la legalidad de su actuación, la Audiencia de Madrid le informó de que los registros que se le practicaron en su casa, su despacho, y en la empresa Krandonara con sede en Sotogrande (Cádiz), el 16 de abril, son ajustados a derecho. Además, este caso sumó un nuevo imputado, y ya van 10. Una de las personas que compareció como testigo pasó a la condición de imputada, según fuentes jurídicas.

La resolución se remonta a cuando el socio de Rodrigo Rato, Domingo Plazas, pidió al juez que se declarara nulo el registro que se llevó a cabo en Sotogrande al alegar que el domicilio social se había trasladado a Madrid. El juez que autorizó esta entrada, la incautación de documentos y volcado de los ordenadores, le dio la razón. La fiscalía y la Abogacía del Estado recurrieron la decisión ante la Audiencia de Madrid. Rato se sumó a esta demanda.

Los magistrados explican que en Sotogrande está radicada la empresa Krandonara, que es «una sociedad patrimonial y opaca» de la que se servían Rato y Plazas «para la comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes». También que el único socio de esta empresa es la gibraltareña Vivaway que «es propietaria de la totalidad del patrimonio de Rato».

Además, Krandonara, según el tribunal, recibía «cuantiosos ingresos, entre otros de Telefónica» (Rato pertenecía al consejo internacional) «sin que conste la existencia de servicio alguno que justifique el ingreso». Otras partidas procedían de Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo. Estas cuantías, según los magistrados, no fueron declaradas al fisco en los ejercicios del 2011 al 2013 por lo que Rato obtuvo «un ilícito ahorro de al menos 2,2 millones de euros».

Por estos motivos, la Audiencia  da por buenos los argumentos del juez para autorizar estos registros, aunque reconoce las dificultades con las que se encuentran los investigadores para cribar en un primer momento los documentos que se guardan en un ordenador y decidir que los mismos están relacionados con los hechos que se investigan y no con otras personas.

Tanto Plazas como Rato han alegado que se les han intervenido documentos personales y en el caso de Plazas por su condición de letrado de otros clientes. Sin embargo, los jueces rechazan que este hecho haya vulnerado su derecho a la intimidad. Y destacan que en soporte papel solo se les ha incautado carpetas relacionadas con personas imputadas en esta investigación. A pesar de ello, los jueces apoyan que se devuelva a Plazas y Rato los documentos que son personales después de que los investigadores lleven a cabo «el correspondiente expurgo».

OTRO IMPUTADO

Mientras, el juez inició ayer la ronda de interrogatorios de testigos. Comparecieron ocho personas, y a una de ellas, tras prestar declaración, se le asignó la condición de imputado. Entre los testigos figuraba la exdirectora de comunicación de Bankia, Pilar Trucios, y otros empleados de la entidad que fueron interrogados por los contratos de publicidad. El pasado martes, Rato, a través de un comunicado, aseguró que no había influido en esos contratos.