ATLL: Un agua muy turbia

Se trata de agua, pero el asunto de Aigües Ter Llobregat (ATLL) no está claro sino turbio. La mayor privatización de la Generalitat pende de un hilo o, de una gota de agua, casi desde el mismo día en el que se materializó. El organismo que la administración catalana tenía para dirimir conflictos sobre contratos públicos, el OARCC, invalidó, a instancias del perdedor del concurso, Aigües de Barcelona (Agbar), la licitación el 2 de enero del 2013, el primer día hábil en el que el consorcio liderado por Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, tomaba las riendas de ATLL. Un ente de la propia Generalitat ponía así patas arriba la decisión unánime de la mesa de contratación, formada por altos funcionarios de Territori y de Economia.

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El fallo del ente dirigido por José Antonio Gallo, que dependía del entonces secretario del Govern y hoy 'conseller' de Justícia, Germà Gordó, reveló la existencia de dos visiones en el Ejecutivo catalán. Una era favorable a Acciona y a evitar que la distribución del agua en alta y en baja estuviera en las mismas manos. Su máximo exponente era el titular de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Este, el mismo día en el que se firmó el contrato en la nueva legislatura de CiU, cedía la cartera al exalcalde de Figueres, Santi Vila. Poco alineado con las tesis más soberanistas, Recoder fichó luego por la consultora KPMG.

Otra parte del Ejecutivo catalán, menos visible, prefería una solución más 'catalana', a pesar de que Agbar estaba controlada por la francesa Suez Environnement, aunque con La Caixa como accionista minoritario. El año pasado, la entidad financiera catalana salió del capital de Agbar para entrar en el de Suez y en la sociedad que gestiona el ciclo del agua en el área metropolitana de Barcelona. Ahí Agbar tiene el 70%, la Caixa, un 15% y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), otro 15%.

MUCHA PRISA

En todo caso, la asfixia financiera hizo que la Generalitat tuviera mucha prisa en el 2012. Tanta que incluso Acciona y sus socios, entre los que estaban miembros de las familias Rodés (Havas Media) y Torreblanca (casado con Lliliana Godia), y el banco brasileño BTG Pactual, pidieron esperar a firmar el contrato a que el OARCC decidiera sobre el concurso. Por mera seguridad jurídica. Pero el Govern, que resolvió la licitación todavía en funciones tras las elecciones del 2012, forzó a sellar el acuerdo el 27 de diciembre, con efectos desde las 23.59 horas del 31 de diciembre.

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De este modo, la Generalitat se embolsaba 298,7 millones en efectivo, lo que aliviaba su mermada tesorería. Además, la Intervención General del Estado permitía al 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell, anotarse toda la cantidad del contrato, casi 1.000 millones, para reducir el déficit en cinco décimas de PIB. A su vez, la Generalitat asumía tanto los derechos (1.569 millones) como las deudas y pasivos de ATLL a 31 de diciembre del 2012 (745 millones), antes de privatizar la gestión. La fórmula contable era "una venta de activos con pago parcialmente aplazado". Todo estaba atado. O lo parecía.

GANAR TIEMPO

La resolución del OARCC lo dinamitó todo. Se dio incluso la rocambolesca situación de que la Generalitat se denunció a sí misma, en la medida en que el OARCC formaba parte de la administración catalana. A partir de ahí prendió la mecha de una batalla jurídica promovida por el presidente de Agbar, Àngel Simón. Tanto Acciona como sus socios y la Generalitat respondieron. Recursos y contrarrecursos. Todas las partes buscan culpables y a la vez se declaran inocentes por el resultado del concurso. 

Para ganar tiempo, Santi Vila volvió a convocar hace un año a la mesa de contratación para decidir si invalidar o repetir el concurso. Llevaban ya muchos varapalos jurídicos encima. Pero la mesa acabó dando por bueno el concurso.Pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) volvió a torpedear la licitación al invalidar, en junio pasado, el conjunto del proceso. Eso no era muy bueno para Acciona, pero tampoco para Agbar, que aspiraba a que le reconocieran el derecho a gestionar ATLL ¿Solución? Un recurso ante el Tribunal Supremo. Otra patada hacia delante y meses o años de mas incertidumbre.

Más-Colell estimó en el Parlament que quitar la gestión al consorcio encabezado por Acciona costaría un mínimo de 326 millones de euros, aunque esto podría ser objeto de otra batalla legal y de más incertidumbres. En cualquier caso, cuanto más tiempo transcurra, si ese ha de ser el final, más elevada será la factura.

Esta incierta privatización tuvo su origen en la denomianda ley omnibús, aprobada en la anterior legislatura de CiU para simplificar las normas y la burocracia. De esa norma cajón de sastre de un Ejecutivo que se decía liberal, por cierto, también nació el OARCC, el ente unipersonal,del que nació todo el embrollo, reconvertido después en un tribunal colegiado.